La Fiscalía pide reformas para evitar la cárcel a los tuiteros por delito de odio

María José Segarra./Ángel Díaz (Efe)
María José Segarra. / Ángel Díaz (Efe)

Propone dulcificar los castigos por comentarios racistas, xenófobos u homófobos en las redes sociales

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

«Severo régimen punitivo». «Desproporcionado». La Fiscalía General del Estado no ahorra calificativos y se mete de cabeza en el charco en su memoria anual: hay que reformar el Código Penal para evitar que los internautas acaben en la cárcel por cometer delitos de odio a través de las redes sociales.

El departamento que dirige María José Segarra, en el documento que este lunes entregó a las más altas instancias del Estado, propone directamente la modificación del artículo 510 del Código Penal, que ha servido para condenar a prisión, entre otros, a un internauta por mensajes a favor de la violencia machista o a un tuitero por comentarios hirientes contra los catalanes tras el accidente de Germanwings.

Ese precepto fija penas de hasta cuatro años de prisión para quienes inciten públicamente al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia. En los casos en los que esos comentarios se hubieran vertido a través de un medio de comunicación social o en las redes, el Código Penal establece que la pena mínima debe ser dos años y medio.

Para la Fiscalía estos castigos son excesivos y propone rebajar las penas de cárcel o que los culpables sean condenados a otras penas alternativas como las multas, perdidas de derechos políticos, trabajos a favor de la comunidad, la asistencia a cursos o la obligación de visitar memoriales del holocausto. Acciones, en cualquier caso, que «permitan su reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas».

«La propuesta de reforma está pensada con el fin de introducir un mayor respeto al principio de proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes o contenidos que, si bien objetivamente de forma pública fomentan, promueven o incitan, directa o indirectamente, al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, no obstante, por su contexto, contenido, ausencia de reiteración o características o circunstancias personales del autor, tienen menor entidad y no han de tener un reproche tan elevado», defiende el Ministerio Público.

La Fiscalía arguye que esta reforma es necesaria porque «la experiencia demuestra que muchos de estos casos» fueron cometidos por personas que no militaban ni en grupos ni en organizaciones criminales. Individuos -explica- que tras ser detenidos siempre suelen reconocer la autoría de sus comentarios y que habitualmente no reinciden.

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