La Fiscalía deja sola a la Generalitat en la reclamación de 24 millones por la F-1

Fernando Alonso, en su etapa en Ferrari en el circuito de Valencia. / jesús signes
Fernando Alonso, en su etapa en Ferrari en el circuito de Valencia. / jesús signes

El ministerio público desiste en su intento de que los ex altos cargos sean condenados en el Tribunal de Cuentas por la compra de Valmor

A. RALLOVALENCIA.

La Generalitat sigue en su empeño de que ex altos cargos de la Administración sean condenados al pago de 24 ó 14 millones de euros por su supuesta responsabilidad contable en la compra de Valmor, la empresa organizadora de la Fórmula 1. Ni siquiera la condena inicial en costas frenó las intenciones de la Abogacía que mantiene su ofensiva en el Tribunal de Cuentas, tal y como ya informó LAS PROVINCIAS. Sin embargo, ya no cuenta con el apoyo de la Fiscalía. El ministerio público no ha recurrido el fallo inicial del tribunal.

De nuevo, la Generalitat se queda en solitario en su lucha por obtener una condena de algún asunto relacionado con el evento automovilístico. Es otro síntoma más de la distancia cada vez mayor que separa los planteamientos de la Abogacía de la Generalitat y de la Fiscalía. El mayor desencuentro se produjo a raíz de que el ministerio público pidiera el archivo de la causa del circuito pese a la oposición de la Generalitat.

El Consell considera que la exconsellera Lola Johnson, y a los exdirectivos de Circuito Motor, José Míguel Escrig Navarro, Julio García Gimeno, Blanca Tomás Carbó y Luis Lobón Martín deben reintegrar 24 millones de euros de la fusión por absorción de la empresa Valmor. De manera subsidiaria, la Generalitat solicita la condena a 14 millones de euros para la exconsellera Trinidad Miró y el resto de directivos por no perseguir el pago de la deuda que acumuló Valmor con la Generalitat. Cuando la mercantil de Aspar se vio incapaz de asumir los gastos que se generaban con el evento, logró que la Generalitat se hiciera cargo del canon y la organización a través de Circuito del Motor y la Sociedad Proyectos Temáticos. La Fiscalía pidió el archivo de la investigación penal por este asunto después de cuatro años con la causa 'dormida' y sin que se hubieran practicado diligencias. La tesis inicial era que Johnson había engañado a todos los miembros del Consell para que aprobaran la compra de la mercantil sin conocer que se asumía un pasivo superior a los 24 millones.

El Consell ha sido condenado al pago de las costas, alrededor de un millón y medio de euros

El Tribunal de Cuentas condenó recientemente a la Administración al pago de las costas, que las defensas de los altos cargos calcularon en unos 160.000 euros para cada uno. Parte de estos honorarios se obtienen a partir de un porcentaje de la cantidad inicialmente reclamada. De ahí la relevancia de las sumas. Esta cifra ahora, tras el correspondiente recurso, se multiplicará. La factura final de los letrados puede rondar sin problemas el millón y medio de euros.

La defensa de la exconsellera Johnson planteó recientemente incluso reclamar al presidente Puig que respondiera con su patrimonio. Estas fuentes sostienen que la actuación de la Abogacía de la Generalitat no se justifica con criterios técnicos. Además de que requiere de la autorización de un dirigente político. Desde el Botánico, depende de Presidencia.

El Tribunal de Cuentas dictaminó la correcta actuación de los cargos públicos. «Los demandados cesaron en el ejercicio de sus cargos antes de que se produjera la eficacia de la fusión por absorción de la empresa Valmor. O dicho de otra forma, resulta que después de la fecha de cese de todos ellos, aún se podría haber ejercitado la reclamación a Valmor por los gastos de organización deportiva de los grandes premios». El Tribunal concluyó que en estas circunstancias «no cabe apreciar que exista relación causal entre la conducta omisiva atribuida a los demandados y el resultado final de la falta de cobro del citado derecho de crédito de Circuito del Motor». La compra de Valmor se ejecutó ante la delicada situación económica de la sociedad que amenazaba con no poder celebrar el Gran Premio, lo que hubiera supuesto una penalización para el Consell de cerca de 70 millones de euros. Un argumento similar al que esgrimió la Fiscalía para solicitar el archivo.