El fiscal retira la acusación de seis años para la exgerente de FGV por el amaño de un contrato

A. G. R.

valencia. La Fiscalía de Valencia retiró ayer la acusación contra Marisa Gracia, la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a quien hacía responsable de amañar un contrato de seguridad en la empresa pública para beneficiar a una mercantil. El fiscal Anticorrupción Vicente Torres reclamaba seis años de cárcel, petición que, en el último momento, ha decidido retirar. Este cambio de criterio incrementa las opciones de una posible conformidad en el accidente de metro de Valencia en el que murieron 43 personas y otras 41 resultaron heridas ya que Gracia afrontará ese proceso sin ninguna condena previa. Este procedimiento está pendiente de que se señale el juicio. Pero la fiscalía, en su día, ya sondeó acerca de las posibilidades de un pacto y una reducción de pena a cambio de reconocer los hechos.

Otros dos exdirectivos de la empresa pública, Vicente Contreras y Manuel Sansano, en cambio, aceptaron en el juicio de ayer nueve meses de prisión sustituibles por una multa. La gestión de Gracia al frente de la empresa pública no ha deparado, por el momento, consecuencias penales. Este asunto se ha cerrado ya, pero la otra investigación abierta en su día por fraccionamiento de contratos, expediente en el que Mónica Oltra también aportó información para continuar la causa, se sobreseyó en su día ante los informes exculpatorios de la Intervención de la Generalitat.

El contrato que se enjuiciaba ayer, según el relato del fiscal, salió a licitación en 2006 y se adjudicó en 2007. Su objetivo era la prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV en la provincia de Valencia. Este contrato fue adjudicado por Marisa Gracia a la firma MED seguridad «tras dar orden a Sansano y Contreras para que modificaran la propuesta de adjudicación que había realizado Arturo Rocher, entonces jefe de Seguridad, con la finalidad de que dicha empresa resultase beneficiada por voluntad de Gracia sin atender a los criterios técnicos administrativos fijados por el funcionario nombrado a tal efecto».