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La parrilla de salida de una de las carreras en el circuito urbano. jesús signes
El fiscal insta a la Udef a que presente el informe sobre la compra de Valmor

El fiscal insta a la Udef a que presente el informe sobre la compra de Valmor

Anticorrupción quiere acelerar las otras dos piezas relacionadas con la adquisición de la mercantil y los contratos de Circuito del Motor

A. RALLO

VALENCIA.

Miércoles, 9 de enero 2019, 23:51

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Anticorrupción decidió no recurrrir el archivo de la investigación a Francisco Camps por la organización de la Fórmula 1 en Valencia. El ministerio público considera que el hecho de que el aval por el que la Generalitat sustituía a Bankia como garante en Valmor no entrara en vigor destruye los indicios que existían contra el expresidente de la Generalitat. Pero esto no significa que desista en su empeño en el resto de piezas en las que se dividió la macrocausa de la Fórmula 1 al margen de la construcción del circuito urbano.

Por ello ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción en el que insta a la Udef a que presente ya los informes que están elaborando al respecto de las otras dos investigaciones. Una de ellas, la de la compra de Valmor por un euro, amenaza con poner en duda la actuación de Alberto Fabra. En su día, cuando la fiscalía se querelló tras la denuncia del PSPV sobre el evento automovilístico, el fiscal pidió la citación -como testigos- de todo el Consell del dirigente popular.

La tesis inicial era que se engañó a todos los miembros del Gobierno al ocultarles que con la adquisición de la sociedad se asumía también la deuda de cerca de 20 millones que arrastraba la mercantil, consecuencia del déficit que generaban las carreras. Una circunstancia, la de las pérdidas, que ya habían expresado los socios de Valmor desde la primera edición. Y, además, era pública porque prácticamente todos los medios de comunicación se hicieron eco de la deuda de la sociedad.

La adquisición de Valmor es el único asunto que puede salpicar la etapa de Alberto Fabra El Consell recurrió el archivo de Camps ante la vista en el Tribunal de Cuentas, según fuentes judiciales

La otra pieza, la del amaño de los contratos de proveedores del circuito, parece más encauzada hacia una acusación final. Alrededor de una decena de personas se encuentran investigadas. Se trata fundamentalmente de exresponsables de la empresa Circuito del Motor. Destaca el caso del exdirector del circuito Ricardo Tormo de Cheste, Julio García, que es hermano del que fuera exdirector general de RTVV, Pedro García, acusado en la pieza de las pantallas de la visita del Papa.

Estas pesquisas suponen en la práctica conectar el caso Valmor con la macrocausa de Imelsa. El nexo era -y es- la presencia de una empresa del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que pudo beneficiarse de determinadas adjudicaciones para la celebración de las carreras.

La titular del juzgado de Instrucción 2 envió esta pieza al decanato para que fuera a parar a otro juez de Valencia. Consideraba que la investigación sobre este particular ya la había iniciado otro órgano. El nuevo juzgado, sin embargo, se la devolvió y la magistrada decidió asumirla.

A la fiscalía siempre le llamó la atención el extraño papel que ejercía Valmor en las contrataciones de Circuito del Motor. La empresa pública aleccionaba a la Generalitat para que los servicios se adjudicaran en una única dirección. Una de las investigaciones hacía referencia a la contratación de las pantallas del gran premio, pero también los sistemas de acceso y comunicación digital al recinto están bajo sospecha. En esta pieza cobra un papel relevante Desamparados del Valle, técnico de la Administración. El cruce de correos resulta especialmente significativo porque traslada la hipótesis de que los expedientes se elaboraban una vez decidida la adjudicación.

La Generalitat es la única acusación que ha formulado recurso ante el archivo de la pieza que implicaba a Francisco Camps. Cree que se le debe procesar y unir a esa pieza todo lo relacionado con la compra de Valmor. El PSPV, que ejerce la acusación popular, no ha querido recurrir el sobreseimiento. Fuentes judiciales interpretan el movimiento de la Abogacía como un intento de que la decisión no sea firme antes de la vista en el Tribunal de Cuentas en la que reclama cerca de 24 millones de euros a diferentes responsables.

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