Dos firmas investigadas por los fraccionamientos de Fuset son del mismo dueño

Enmovyment y Regesmit son dos de las cuatro firmas señaladas por la investigación abierta por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Valencia. Tal y como avanzó este diario el pasado sábado, esa instancia judicial ha remitido un oficio a la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia por el que solicita información de todos los contratos firmados por el Servicio de Cultura Festiva de la corporación local, que dirige Pere Fuset. El juzgado requiere la cuantía de los contratos menores adjudicados sin contrato público, así como la de los que sí se hicieron con concurso en el periodo comprendido entre enero de 2016 y mayo de 2018.

Entre la información que requiere el juzgado se incluye el requerimiento al consistorio valenciano de copia de todos los informes en los que se hubiera realizado «observación complementaria» «por entender que podría haber un fraccionamiento de contratos», y «fiscalización de disconformidad» «por exceso del límite para los contratos menores», en el mismo periodo de tiempo -prácticamente dos años y medio-. Y por último, el oficio, que lleva fecha del pasado 28 de junio, solicita información específica de los contratos menores suscritos con cuatro empresas: las ya citadas Regesmit y Enmovyment, junto a Mathena Producciones SL; Espectáculos AMB Producciones SL.

El documento notarial al que ha tenido acceso este diario viene encabezado con el texto 'constitución de la cooperativa Enmovyment' y sitúa a Rafael Gisbert Mir como compareciente. Lleva fecha del pasado mes de septiembre y el notario que lo suscribe es Alejandro Cervera Taulet.

Gisbert Mir aparece también en la documentación relativa a la empresa Regesmit. Gisbert es el administrador único de una sociedad que se constituyó en agosto de 2005, que tiene su sede en la calle Carmelo Roda y que dispone de una plantilla de seis trabajadores -según los datos actualizados a fecha del pasado mes de febrero-. Su página web aparece como inactiva.

La coincidencia de dos empresas atribuidas a una misma persona en una investigación como la de estas características no presupone en sí ningún ilícito. Sin embargo, en algunas ocasiones se considera que una circunstancia de este tipo arroja dudas respecto a la limpieza que ha seguido el proceso para la adjudicación de un contrato. Dado que lo investigado en este caso es, precisamente, un supuesto fraccionamiento de contratos, esa coincidencia de responsables sobre dos de las empresas investigadas podría ser significativa.

Tal y como informó este diario el pasado mes de marzo, el juzgado abrió una investigación a Fuset por presunto fraccionamiento de contratos vinculados a la celebración de Expojove y a otros eventos. El juzgado solicitó a la Policía que indagara sobre posibles vínculos entre el edil, Compromís y cuatro empresas -las cuatro mencionadas-. Las adjudicaciones señaladas superarían los 218.000 euros de cuantía, en el periodo comprendido entre abril de 2016 y febrero de 2018.

La investigación sobre Fuset arranca de una denuncia presentada por el asesor del grupo municipal popular Luis Salom. El juzgado encargó recientemente a la policía un informe acerca de los beneficiarios de las adjudicaciones realizadas por el concejal Fuset para averiguar si existía alguna conexión entre el edil de Compromís y los empresarios que obtuvieron los encargos.

El auto conocido en marzo derivó en una cierta polémica relativa a la condición de investigado del concejal. Desde el consistorio intentó sostenerse que Fuset estaba «denunciado» o «inculpado» por la denuncia del asesor del PP, pero no imputado, condición que acreditó el TSJ en un auto. Con todo, cuando los servicios jurídicos del consistorio se personaron en el juzgado para conocer la situación del edil Pere Fuset, se les entregó el auto por el que se incoaban las diligencia previas y se le otorgaba al concejal la condición de investigado, antes imputado, pese a negarlo hasta ese momento.

Desde el área de Cultura Festiva se aseguró el sábado que la denuncia que ha motivado esta investigación forma parte de una «estrategia del PP» para «que parezca que todos son como ellos», y recordaron que otras denuncias similares «realizadas por el mismo asesor del PP, que está imputado por corrupción» se han archivado.