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A. RALLO
VALENCIA.
Lunes, 19 de noviembre 2018, 00:03
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José Manuel Rodríguez, exdirigente de Podemos y profesor de la Universitat de Valencia, continúa investigado en la causa que trata de aclarar las circunstancias y el desarrollo de un convenio de 100.000 euros que el Ayuntamiento le dio para la elaboración de un mapa escolar de Valencia. Un trabajo que la concejalía de Educación, dirigida por la edil de Valencia en Comú María Oliver, creyó necesario pese a las escasas competencias del Consistorio en esta parcela.
El docente ya declaró hace algunas semanas. La edil, que está personada en la causa, todavía no ha sido citada. De momento, ya han desfilado por el juzgado algunos testigos que han explicado algunas prácticas cuando menos sorprendentes. Así, el responsable de una empresa a la que se contrató para realizar un trabajo de campo admitió que el profesor le llamó por teléfono -se conocen desde hace 20 años por otros cometidos profesionales- para contratarle. El importe del servicio rondaba los 4.000 euros, según las fuentes consultadas.
Al parecer, no hubo soporte documental de esa contratación. Esta adjudicación telefónica se fue concretando después por «correo electrónico» en el que se especificaba «el contenido del trabajo solicitado por Rodríguez Victoriano». El juez ha pedido ya a este testigo que aporte copia de todas estas comunicaciones. Además, le reprochó que no lo hubiera hecho con anterioridad cuando se le reclamó. El testigo se disculpó: «Pensaba que no querían tanto detalle». El modo de contratación, de confirmarse que fue verbal como reveló el testigo, no parece el más apropiado para el manejo de fondos públicos. Pero el empresario es tajante en su comparecencia: «No hubo un contrato firmado por las partes de manera escrita, el encargo se desarrolló tal y como he descrito», aclaró al magistrado instructor.
El servicio se derivó a una empresa de Madrid, que tuvo que desplazar a uno de sus empleados a Valencia para organizar las reuniones, contactar con las asociaciones de padres, con la dirección de los colegios... El testigo precisó que su empresa ha trabajado para otras universidades y administraciones «sin distinción de color político o cualquier otra indicación ideológica».
Una de las circunstancias que invita a la sospecha es precisamente la de la afinidad política, que el convenio fuera de la Concejalía de Educación, dirigida por María Oliver, directamente al profesor Manuel Rodríguez. El docente se esforzó en su día por explicar que ningún profesor cobró realmente por su trabajo sino que lo que supuestamente se cargaba por dedicación de los profesores al proyecto se destinaba, en realidad, a otras actividades vinculadas al objetivo del trabajo. Esta práctica, según explicó al juez el que fuera gerente de la institución educativa, suele ser frecuente en este tipo de trabajos. No obstante, el resto de gastos cargados al convenio sí deben estar supervisados por la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) y las unidades de gestión de cada departamento.
Fuentes municipales explicaron en su día que Rodríguez fue elegido por la Universitat, pero el docente, en su declaración ante el juez, reveló que fue el Ayuntamiento el que se puso en contacto con él.
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