Espinosa y Monasterio tienen un mes para evitar el precinto de su chalet

Iván Espinosa de los Monteros./
Iván Espinosa de los Monteros.

El Ayuntamiento de Madrid pone fecha límite a los dirigentes de Vox para subsanar la licencia de ocupación tras varias irregularidades en la obra

R.C.

Los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio tienen hasta el 8 de octubre para regularizar la situación de su vivienda habitual para evitar el precinto. El matrimonio reside en un chalet de cuatro plantas en el madrileño barrio de Chamartín, pero al menos desde 2016 tienen un expediente abierto por el departamento de Urbanismo por la construcción irregular de una planta y el cierre de una terraza, entre otras, que no aparecían en el plano original.

La citada vivienda con jardín fue comprada en 2010, para lo que se solicitó una hipoteca de 1,2 millones de euros, y se acabó en 2014. Fue un año más tarde de lo previsto tras tener graves diferencias con el constructor que acabaron en los juzgados (el matrimonio fue condenado a pagar más de 63.000 euros de gastos no abonados). La arquitecta de aquel proyecto, que inicialmente tenía una planta baja y una principal, fue la propia Rocío Monasterio. Luego intentaron sin éxito vender sin éxito por tres millones de euros.

La clausura y precinto de las instancias irregulares fue acordada el pasado 11 de julio por el actual equipo municipal, que Vox apoya, en una Junta de Gobierno presidida por el popular José Luis Martínez-Almeida. La decisión era obligada después de que los moradores perdieran un recurso contencioso-administrativo contra el ayuntamiento, con el que pleitean desde al menos 2016.

La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, adviritió este jueves de que el portavoz de Vox en el Congreso y su homóloga en la Asamblea de Madrid tienen un mes para «regularizar» el procedimiento. «El proceso ha concluido y si el 8 de octubre no se ha producido, como muchas otras situaciones, se procedería a ese precinto». Es la última medida para normalizar la reforma tras no responder a los requerimientos previos formulados, añadió Sanz, que recordó que «no son decisiones de tipo político», sino administrativas.

La portavoz salió así al paso de las declaraciones de Espinosa de los Monteros y de Monasterio, que achacaron esta «surrealista» situación a un «verdadero laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso», que han intentado «cumplir con todo» y han pagado todas las tasas. «Se interrumpe la licencia de ocupación mientras se modifica. Parecía que al fin obtendríamos la licencia. Nada más lejos de la realidad. El litigio con el constructor se judicializa. Y además nos denuncia ante el ayuntamiento por la falta de licencia de actividad en el despacho que él mismo ha estado bloqueando», justificó este jueves Monasterio, que confía en llegar a plazo.

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