Los escándalos por corrupción dejan sin aseguradora a Divalterra

La empresa pública de la Diputación se ha visto salpicada en los últimos años por el caso Imelsa –afecta a la gestión del PP con Alfonso Rus y Marcos Benavent como protagonistas principales– y por el caso Alquería, que terminó con la imputación del que fuera presidente provincial Jorge Rodríguez y otros altos cargos de la institución.

La realidad es que no se ha presentado ni una sola oferta al proceso. Una medida que a finales de mayo –aunque el documento se conoció ayer– obligó al consejero delegado de Divalterra, Pedro Domingo Torán, a declarar el concurso desierto.

El seguro, según figura en el informe de necesidad, debía cubrir las indemnizaciones a que deban hacer frente los consejeros y directivos de la sociedad, «por los daños y perjuicios a terceros, así como los gastos en los que pueda incurrir Divalterra». La ley de Sociedades de Capital establece que los administradores de las sociedades anónimas deben actuar lealmente, dar cuenta a los perjuicios que ocasionen y responder de la integridad del perjuicio económico que ocasionen.

La empresa adjudicataria debía dar cobertura con un límite de indemnización de tres millones de euros. Las prácticas de empleo indebidas se cubrían con 250.000 euros, los gastos de restitución de imagen llegan a 300.000 euros y las pérdidas de documentos hasta 150.000. Las multas administrativas (60.000), los gastos de aval concursal (100.000) y los de asistencia psicológica (30.000). La cobertura del seguro debía prestarse a partir del pasado 1 de junio. Hasta final de año el precio era de 4.000 euros y 7.000 euros para los dos ejercicios siguientes. Los asegurados eran los 12 miembros del consejo de administración, dos altos cargos, los jefes de servicio de las distinta áreas y los miembros de la mesa de contratación permanente. Los seguros de responsabilidad civil son habituales en las empresas públicas aunque lo inusual es que un concurso quede desierto porque ninguna firma se ha presentado. Ahora se inicia un nuevo escenario y Divalterra tendrá que decidir si abre un nuevo proceso o desiste definitivamente ante la amenaza de que nadie quiera concurrir.