Los escándalos por corrupción dejan sin aseguradora a Divalterra

Dos agentes durante uno de los registros en la Diputación /ESTRELLA JOVER
Dos agentes durante uno de los registros en la Diputación / ESTRELLA JOVER

El proceso para cubrir la responsabilidad civil del consejo de administración y de los altos cargos queda desierto

Héctor Esteban
HÉCTOR ESTEBANValencia

Las aseguradoras no quieren saber nada de , la empresa de la Diputación de Valencia y que ha tenido que declarar el concurso desierto ante la falta de propuestas. La antigua Imelsa ha vivido en las últimas legislaturas un rosario de casos vinculados a la corrupción, con registros policiales, detenidos y paseíllos por los tribunales de distinto color político, que le ha marcado para siempre. Ninguna firma se quiere hacer cargo de una póliza de seguro de responsabilidad civil para los miembros del consejo de administración, alta dirección y demás personal. El presupuesto base de licitación era de 4.083 euros y el valor estimado del contrato es de 20.000 euros (hasta finales de 2021).

La empresa pública de la Diputación se ha visto salpicada en los últimos años por el caso Imelsa –afecta a la gestión del PP con como protagonistas principales– y por el caso Alquería, que terminó con la imputación del que fuera presidente provincial y otros altos cargos de la institución.

La realidad es que no se ha presentado ni una sola oferta al proceso. Una medida que a finales de mayo –aunque el documento se conoció ayer– obligó al consejero delegado de , Pedro Domingo Torán, a declarar el concurso desierto.

El seguro, según figura en el informe de necesidad, debía cubrir las indemnizaciones a que deban hacer frente los consejeros y directivos de la sociedad, «por los daños y perjuicios a terceros, así como los gastos en los que pueda incurrir ». La ley de Sociedades de Capital establece que los administradores de las sociedades anónimas deben actuar lealmente, dar cuenta a los perjuicios que ocasionen y responder de la integridad del perjuicio económico que ocasionen.

La empresa adjudicataria debía dar cobertura con un límite de indemnización de tres millones de euros. Las prácticas de empleo indebidas se cubrían con 250.000 euros, los gastos de restitución de imagen llegan a 300.000 euros y las pérdidas de documentos hasta 150.000. Las multas administrativas (60.000), los gastos de aval concursal (100.000) y los de asistencia psicológica (30.000). La cobertura del seguro debía prestarse a partir del pasado 1 de junio. Hasta final de año el precio era de 4.000 euros y 7.000 euros para los dos ejercicios siguientes. Los asegurados eran los 12 miembros del consejo de administración, dos altos cargos, los jefes de servicio de las distinta áreas y los miembros de la mesa de contratación permanente. Los seguros de responsabilidad civil son habituales en las empresas públicas aunque lo inusual es que un concurso quede desierto porque ninguna firma se ha presentado. Ahora se inicia un nuevo escenario y tendrá que decidir si abre un nuevo proceso o desiste definitivamente ante la amenaza de que nadie quiera concurrir.