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Caixabank trasladó de forma oficial este sábado su sede de Barcelona a Valencia. Reuters
Las empresas afrontan una semana crucial ante el recrudecimiento del conflicto

Las empresas afrontan una semana crucial ante el recrudecimiento del conflicto

Abertis protagonizará un nuevo traslado después de que grandes firmas catalanas lo hicieran lastradas por caídas bursátiles de hasta el 6%

JOSÉ M. CAMARERO

MADRID

Lunes, 9 de octubre 2017, 02:11

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El proceso separatista de Cataluña se ha encontrado con un inconveniente que casi nadie esperaba por la equidistancia mostrada durante los últimos meses ante la deriva del soberanismo: las empresas. Su apresurado protagonismo no ha sido baladí, porque los cambios de sede social que se han sucedido en los últimos días puede suponer un golpe de flotación para el independentismo a una sola jornada de que el Parlamento de Cataluña apruebe, teóricamente, la declaración unilateral para separarse de España. La Generalitat y los partidos que la apoyan ya saben cuál es la posición de las históricas firmas que conforman el entramado empresarial y económico de la comunidad: no quieren incertidumbre porque peligra el futuro de sus clientes, accionistas y empleados.

Lejos de atenuarse el problema, ni siquiera el parón habitual de un fin de semana como este último ha evitado más fugas de empresas. CaixaBank, el pilar financiero catalán -ciudadanos, empresas y administraciones mantienen unas relaciones de fuerte arraigo desde hace décadas con la corporación-, oficializaba este sábado el traslado de su sede a Valencia y la de su fundación y ‘holding’ a Palma de Mallorca. La semana comenzará previsiblemente con otro movimiento societario de relevancia: el que protagonizará Abertis, la compañía de infraestructuras y concesiones que, para más inri, se encuentra en medio de una OPA, la que le ha lanzado la italiana Atlantia para hacerse con la corporación. El consejo de la empresa catalana podría decidir hoy mismo ese cambio de domicilio jurídico hasta que las aguas vuelvan a su cauce.

Hasta quince grandes compañías catalanas anunciaron la semana pasada que trasladaban sus sedes sociales fuera de la comunidad. Lo han hecho ante el temor del vacío jurídico que provocaría una declaración unilateral de independencia tras la que nadie sabe cuál sería la realidad legal, jurídica y económica que se encontrarían. La banca, encabezada por Sabadell primero y CaixaBank después, se ha anticipado a actuar tras un importante golpe en Bolsa que les hizo perder en la jornada del miércoles más de un 5% de su valor bursátil. Las alarmas se activaron el viernes en otro de los grandes del empresariado catalán: Gas Natural Fenosa, cuya nueva sede está ya en Madrid. Agbar, Dogi, Service Point, Oryzon, Eurona, Banco Mediolanum, Arquia o Derbi Hoteles han ido completando la lista que no para de crecer.

El mejor termómetro de la incertidumbre que ha provocado los últimos movimientos de los partidos independentistas después del referéndum del 1 de octubre se encuentra en la Bolsa. El parqué de Barcelona tiene un índice que agrupa a las 15 grandes cotizadas catalanas del mercado español. En la semana que medió entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre, con el 1-0 de por medio, el Indtexcat -así se denomina el selectivo- cedió casi un 6% de su valor.

En el caso del Ibex-35, el retroceso sufrido en ese mismo periodo fue de un 4%, dos puntos menos que el catalán y, en buena medida, provocado por la presencia de empresas como la banca o las energéticas en el selectivo global español. El miedo que se ha impuesto entre las entidades financieras está muy relacionado con una hipotética fuga de depósitos que sería letal para su liquidez. Aunque hasta finales de mes no se conocerán cifras oficiales, cuando las publique la Asociación Española de Banca (AEB), como lo hace periódicamente, los bancos catalanes han reconocido una mayor «demanda de información» por parte de sus usuarios, así como un traslado de cuentas desde sucursales de Cataluña hasta otras oficinas situadas fuera de esa comunidad. En el resto de firmas, el temor va desde la inseguridad jurídica que subyace de la propia Ley de Transitoriedad anulada por el Tribunal Constitucional, hasta un peligroso boicot a sus productos y servicios en el resto de España.

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