Ediles investigados por el 'pitufeo' piden al juez que no les alargue «su agonía»

La edil Puchalt, en la parte superior, junto a otros concejales investigados. / irene marsilla
La edil Puchalt, en la parte superior, junto a otros concejales investigados. / irene marsilla

Los concejales se oponen a la prórroga de las pesquisas, que califican de «temeraria», y recuerdan el perjuicio «irreversible» que sufren

A. RALLO VALENCIA.

Existe una sensación compartida entre un nutrido grupo del casi medio centenar de investigados por el pitufeo: que todo esto termine cuanto antes. Más allá del desenlace final, lo que desean es que se cierren etapas, que la instrucción no se eternice... Todo lo contrario a la percepción que tienen del proceso actual. La petición del fiscal de prorrogar las pesquisas un año más ha supuesto un jarro de agua fría para quienes esperaban un final inminente. El siguiente paso iba a ser el procesamiento o el archivo. La mayoría de fuentes judiciales coinciden en que salvo sorpresa mayúscula, los imputados terminarán sentándose en el banquillo. La cuestión es cuándo. Otro análisis diferente de la situación procede del PP como partido, que prefiere que el caso se cierre una vez superadas las elecciones de mayo para que la corrupción no marque, una vez más, la campaña de los populares.

En este contexto, un grupo de siete investigados, entre los que figura los concejales María Jesús Puchalt y Vicente Igual y el exedil Silvestre Senent, han presentado un recurso ante la petición de Anticorrupción, solicitud que califican de «inaudita y temeraria». Recuerdan, además, el «perjuicio irreversible causado en la esfera familiar, social y política» y subrayan que «alargar la agonía no tiene sentido». Creen que las pesquisas que se están siguiendo son de carácter prospectivo -buscar cualquier irregularidad más allá de indagar sobre los hechos concretos del blanqueo-, una circunstancia «proscrita en nuestro ordenamiento».

El problema de los ediles investigados en el pitufeo y que también se recoge en este escrito es que la instrucción de estos hechos en las elecciones de 2015 se ha visto ampliada a las elecciones de 2011 -la financiación ilegal del PP a través de la empresa Trasgos- y la misma operativa en los comicios de 2007, pero con la agencia de comunicación Laterne. Pero las diligencias relacionadas con el blanqueo, según esta representación letrada, se encuentran «en punto muerto» y «llevan años agotadas, es evidente que no da más de si. Y una nueva prórroga vulneraría el derecho fundamental de un proceso sin dilaciones indebidas y todas las garantías». En esta pieza se pretende aclarar el supuesto 'lavado' de 50.000 euros a través de las donaciones voluntarios de 1.000 euros al partido que posteriormente se devolvían en efectivo con dos billetes de 550 euros.

El PP no quiere que se cierre antes de elecciones; los investigados reclaman un desenlace inminente

De igual modo, la representación de los firmantes del escrito, entre los que figuran asesores, critican que no se hayan hecho varias piezas para dividir las diferentes elecciones. En cambio, la fiscalía lo que persigue es hilar ese dinero negro que el PP tenía supuestamente en efectivo con el pago de comisiones por parte de empresarios en anteriores comicios. El juez debe decidir ahora si prorroga la causa.