Divalterra, en riesgo de ser expulsada como acusación contra Rus

La Fiscalía Anticorrupción puede pedir que sea apartada al desconfiar del papel que pueden ejercer tras el último escándalo

A. RALLO VALENCIA.

En noviembre de 2016, el juzgado que instruye el caso Imelsa anunciaba que admitía a trámite a la Diputación de Valencia como acusación particular. Desde entonces, la Corporación y Divalterra ejercen esta posición procesal en las numerosas piezas derivadas de la macrocausa que pivota alrededor del expresidente Alfonso Rus.

En su día, Rodríguez se mostró orgulloso de la iniciativa, destinada a «esclarecer los hechos pero, sobre todo, recuperar el dinero que presuntamente fue sustraído por la trama de corrupción que se investiga». En aquel entonces, el presidente de la Diputación hablaba de un «reconocimiento» del juez a la estrecha colaboración que desde el primer momento ha prestado la actual Diputación a los investigadores.

«Hemos actuado con discreción y prudencia, alejados de los focos, porque era necesario que la institución recuperara la confianza tanto del juez como de la fiscalía, que hasta ese momento se habían encontrado con muchas trabas por parte del anterior equipo de gobierno provincial que, como se ha visto después, tenía mucho que esconder». Las anteriores son palabras del todavía presidente de la Diputación recientemente detenido.

Ahora, la situación ha cambiado radicalmente. No resultaría extraño que la Fiscalía pidiera la expulsión de Divalterra en las diferentes causas tras destaparse la operación Alquería. La corrupción de la actual cúpula de la Corporación Provincial no despierta ya confianza acerca del papel que pueden desempeñar en las diferentes investigaciones. La empresa pública, en un principio, había contratado a un despacho externo de abogados, cercano al PSPV, para que ejercieran la acción penal.

Posteriormente, se optó por personal de la casa, un letrado experto en administrativo pero que se encargaría de las investigaciones penales. Esto, por otra parte, permitió un considerable ahorro de dinero a las arcas públicas.

Las investigaciones avanzan a un ritmo desigual. Las dos piezas relativas a los contratos de los zombies en Imelsa y Ciegsa están prácticamente finiquitadas. Por parte de la Fiscalía, la instrucción está agotada. El siguiente paso sería el procesamiento de los responsables o el archivo en caso de que el juez considerara que los hechos no son constitutivos de delito.