Divalterra reconoce ante el juez que los altos cargos de Rodríguez sobraban

El consejo de administración de Divalterra, con Jorge Rodríguez a la cabeza. / juanjo monzó
El consejo de administración de Divalterra, con Jorge Rodríguez a la cabeza. / juanjo monzó

Un informe de la empresa pública certifica que no hubo sustitutos y se siguió realizando las mismas actividades

A. RALLOVALENCIA.

El caso Alquería es hoy por hoy el mayor quebradero de cabeza para el PSPV y el que fuera presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. La investigación acerca de la contratación de directivos en Divalterra pese a la existencia de informes legales contrarios a estas incorporaciones sigue ganando volumen en el juzgado de Instrucción 9 de Valencia. Uno de los últimos informes entregados en el órgano judicial proviene de la propia empresa pública, la antigua Imelsa. Lo firma el director gerente de la sociedad, Antonio Mas. Resuelve dos cuestiones fundamentales para la Fiscalía Anticorrupción. Por un lado que, tras la salida de los directivos colocados por Rodríguez -todos ellos tenían afinidades políticas con el PSPV o Compromís-, los puestos no fueron cubiertos por otros profesionales. Sin embargo, «la sociedad siguió desempeñando las funciones necesarias para sus cometidos». Es decir, la conclusión es que la mercantil siguió operando con normalidad pese a que los altos directivos -con sueldos anuales de 60.000 euros- ya no estaban en la plantilla.

Las conclusiones del dosier resultan negativas para las defensas de los investigados. De hecho, de todas las áreas que se crearon en su día para la incorporación de los altos cargos sólo dos se mantienen: Turismo y Gestión Forestal y Medio Rural. Llama la atención cómo con anterioridad a la llegada de los directivos, afines a los dos partidos que controlaban en ese momento la empresa pública, no existían las áreas de las que se ocuparon. Así ocurrió con Turismo, Gestión Forestal y Medio Rural, Regeneración de Zonas Verdes Urbanas, Promoción Económica e Innovación, Servicios Generales de Administración, Áreas de Medio Ambiente y Estudios y Planificación Estratégica, según recoge la contestación de Divalterra al juzgado.

El dosier subraya algunas de las indicaciones que en su día se plasmaron en un informe de Auditoría de Legalidad de 2015. El análisis destacaba cómo el personal de alta dirección se había multiplicado al pasar de un responsable a una decena de altos cargos «sin que se haya observado un incremento de la actividad ni existiesen asignaciones presupuestarias para algunas de las áreas de nueva creación teniendo que cargar temporalmente la sociedad sus costes a servicios centrales».

La mayoría de las áreas de los altos directivos se crearon ex profeso para las contrataciones

Los altos directivos no firmaron ningún contrato en nombre de Divalterra. En este punto, el informe apunta otra de las irregularidades en este tipo de contrataciones y es que no fueron nombrados por el Consejo de Administración, tal y como obligan los Estatutos de Divalterra. Es decir, estos directivos finalmente carecían de cualquier poder de representación.

La Fiscalía, en la denuncia que dio origen a la apertura del procedimiento penal, ya relataba cómo los ahora investigados crearon un órgano paralelo de dirección en la empresa, sin ninguna cobertura legal, para ocultar determinadas actividades al consejo.

La Udef, por su parte, elaboró un informe en el que apuntaba que las aportaciones económicas de tres de los directivos de la sociedad -Pau Pérez, Raúl Ibáñez y José Luis Melero- a Compromís aumentaron tras su entrada en la empresa pública. Los agentes destacaron que ese beneficio económico para las arcas de la formación nacionalista no se dio, en cambio, en los cargos contratados por su proximidad ideológica al PSPV.

La 'operación Alquería' desembocó en la detención en junio del pasado año del por entonces presidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, junto a su círculo más próximo. A Rodríguez se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Un demoledor informe de la Intervención del Estado, completado con otro dosier de la Udef, enumeraba toda una ristra de irregularidades que se cometieron para finalmente materializar los 'fichajes' quienes, por otra parte, nunca desempeñaron una actividad relacionada con la alta dirección. El escrutinio de los correos electrónicos de los investigados, recopilado en un informe policial, muestra que eran plenamente conscientes de la ilegalidad en la que estaban incurriendo con su actuación. Los investigados, en cambio, defienden que se trata de unas discrepancias a resolver siempre en el ámbito administrativo.