Divalterra rechaza a la firma de abogados que descartó contratar a altos cargos

Una reunión del pleno de la Diputación de Valencia. / jesús signes
Una reunión del pleno de la Diputación de Valencia. / jesús signes

La Diputación busca un gabinete jurídico que asesore en el proceso de disolución de la empresa y Tomarial no pasa el corte en el concurso

Héctor Esteban
HÉCTOR ESTEBANValencia

La Diputación de Valencia acelera para disolver Divalterra -la antigua Imelsa- y definir un nuevo modelo de sociedad y gestión para un ente que siempre se ha visto envuelto en la polémica. La idea es que en el primer trimestre del año que viene esté cerrado el futuro de esta empresa de la Diputación, que ha sido el foco de la patata caliente en esta legislatura.

Divalterra, para llevar a cabo el cometido del «cierre ordenado», necesita apoyarse en un despacho de abogados que le aconseje en todos los movimientos para llegar al objetivo final. Para ello, el 31 de octubre pasado licitó el asesoramiento jurídico, laboral y mercantil, fiscal y laboral de Divalterra. Un contrato por un año y renovable por un ejercicio más -63.000 euros, IVA excluido, por anualidad-. La propuesta viene del anterior consejo.

El gabinete Tomarial, que durante los dos últimos años ha prestado el servicio de asesoramiento externo a Divalterra, se presentó al concurso pero su propuesta fue rechazada por la mesa de contratación. La misma suerte corrió el Bufete Casadeley. El pasado miércoles, se emitió un informe rubricado por el consejero delegado de Divalterra, Pedro Domingo, que descartaba las dos memorias por no alcanzar una puntuación mínima de diez puntos en la valoración. Tomarial logró un 7,98 y Casadeley, un 4,05. La valoración subjetiva sobre la propuesta del gabinete que ha prestado el servicio hasta ahora es bastante puntillosa.

Tomarial alertó de la incompatibilidad de Rosa Pérez y cuestionó las decisiones de Rodríguez

El apartado de los juicios de valor estaba contabilizado con 20 puntos. Tomarial se quedó cerca del corte, pero no aprobó el apartado de la memoria y control interno de la compañía -de los 15 puntos que estaban en juego sólo obtuvo 4,68-. Casadeley logró un 4,08 y un cero en seguimiento y control de calidad. En este último apartado, Tomarial obtuvo un 3,30 de los 5 puntos asignados.

El descarte de Tomarial llama la atención después del trabajo que ha realizado durante los últimos años en la empresa. Divalterra ganó 63 de los 64 juicios laborales celebrados y la labor del despacho fue fundamental para superar el atolladero económico tras las cuentas de 2014.

Este gabinete de abogados, que ganó el anterior concurso de asesoramiento jurídico, emitió un dictamen -uno de los doce solicitados- en el que advertía de la imposibilidad de que Divalterra pudiera realizar contratos de alta dirección. A pesar del informe de Tomarial, la decisión fue ejecutar los nombramientos en base a un informe del letrado de presidencia de la Diputación, Jorge Cuerda. Esos contratos provocaron finalmente la detención del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y de dos personas más. Además, Tomarial también firmó el informe que aconsejaba que la diputada de EU, Rosa Pérez, fuera apartada del consejo de Divalterra por estar investigada en la causa de los trabajadores zombis en la empresa provincial.

Desde el pasado jueves, tras quedar desierto el concurso, hay un nuevo pliego en marcha para contratar un servicio jurídico que asesore a Divalterra en la transición a su «cierre ordenado».

El consejo comunica la investigación sobre Cical

JC. F. M. El consejo de administración de Divalterra fue informado ayer de la investigación abierta por la Agencia Antifraude tras una denuncia sobre el convenio suscrito entre la firma de la corporación provincial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para la puesta en marcha de Cical, la entidad impulsada por el exnúmero tres del PSPV y exasesor de Ximo Puig, José Manuel Orengo.

Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, retiene desde hace más de un año y medio sendas facturas de 40.000 y 26.958,43 euros correspondientes al convenio suscrito en mayo de 2016 con la entidad que preside Rubén Alfaro. La referencia a los pagos pendientes figuraba entre la documentación facilitada en mayo a los miembros del consejo de administración de Divalterra, antes de abordar el estado de las cuentas correspondientes a este polémico convenio. Cical acabó en fracaso después de que Orengo tratara de implicar a Generalitat, diputaciones, universidades y ayuntamientos en una iniciativa que pretendía convertirse en teórico «faro de conocimiento riguroso» para los ayuntamientos aunque, eso sí, con la única aportación financiera de las administraciones públicas.

La propuesta de liquidación correspondiente al convenio entre Divalterra y la Federación de Municipios señalaba que de los 106.000 euros de gastos, 86.719,43 correspondían a personal; otros 9.600 se atribuyen a gastos generales y únicamente 10.639 a «gasto del proyecto». Antifraude quiere conocer los trabajos realizados para la puesta en marcha de Cical así como las facturas que sustentan los pagos efectuados.

 

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