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Rafael Company, director del MuVIM. IRENE MARSILLA
El director del MuVIM salva  a Rius y culpa a un técnico de los contratos fraccionados

El director del MuVIM salva a Rius y culpa a un técnico de los contratos fraccionados

El juez imputa al funcionario que señala Company y suspende su comparecencia como testigo en el caso del servicio de guías de la exposición del museo

BURGUERA

VALENCIA.

Jueves, 24 de enero 2019, 00:50

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El director del MuVIM, Rafael Company, ejerció ayer de hombre invisible en el juzgado de Instrucción Número 7 de Valencia, donde prestó declaración como imputado a causa de la querella presentada por el PP ante una presunta prevaricación administrativa en la contratación de un servicio de guías en la exposición permanente del principal museo de la Diputación de Valencia. De hombre invisible, porque Company desapareció del juzgado utilizando las dependencias reservadas a trabajadores de la Ciudad de la Justicia tras una hora declarando ante el juez. De hombre invisible, porque frente a las preguntas del titular del juzgado alegó que no tenía nada que ver en toda la trama de contratos menores (a dedo, sin concurso público) para dar el servicio de guías en la exposición del museo que dirige, un sistema que consistía en adjudicar por separado el mismo servicio y pagarlo utilizando tres entes jurídicos (una empresa y sus dos administradores a título personal) que en realidad eran los mismos beneficiarios en todo momento.

Company no sabía nada de todo eso, según declaró ayer durante una larga comparecencia en el juzgado, donde también aprovechó para exonerar de cualquier responsabilidad a Xavier Rius, el diputado portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, responsable del Área de Cultura y principal valedor de Company tanto para su vuelta a la dirección del MuVIM como para reabrir la exposición además de renovarle en el puesto hace apenas dos meses. Company cargó, sin embargo, contra un funcionario. Señaló a un técnico del museo como el único responsable de una situación que beneficiaba a una empresa, Somnis, que anteriormente, a través de otros formatos de contratación, ofrecía el mismo servicio para la exposición. No obstante, a partir de finales de 2015 se empezó a utilizar una forma de contratos alternos a nombre de la empresa y de sus dos propietarios, a la sazón, hermano y cuñada del que era asesor del propio Rius en el momento en que se reabrió la exposición, Juanma Ramón, actualmente concejal de Compromís en Paterna. Ese 'modus operandi' no llamó la atención de nadie, ni del director del museo, imputado desde hace un mes y que conoce a los actores dueños de la empresa desde hace una década, ni al hermano del dueño de la adjudicataria, que asesora a Rius, ni al propio diputado provincial y portavoz de Compromís, también investigado que presentó junto a Company la reapertura de la exposición como una especie de redención de la exposición tras los años de gestión del PP.

Hasta ayer, en virtud de la querella presentada por la portavoz popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, estaban investigados Rius, Company y los dos propietarios de Somnis. Tras la declaración de Company, el funcionario, Francisco Baixauli, que debía declarar a continuación del director del museo, también ha sido citado a comparecer en calidad de imputado, por lo que se suspendió su presencia ante el juez.

El funcionario imputado ayer se suma a Rius, Company y los dueños de la empresa adjudicataria Company asegura que la contratación es un trámite administrativo y si está mal es una herencia del PP

El principal responsable del MuVIM alegó, además, que todo el proceso de contratación estaba controlado por la Intervención de la Diputación. Sin embargo, una vez LAS PROVINCIAS desveló la trama de adjudicaciones a dedo, el entonces presidente de la corporación, el socialista Jorge Rodríguez, reclamó al interventor un nuevo informe. El auditor, esta vez siendo consciente de que Somnis, Francisco Ramón (uno de sus administradores) y Eva Moreno (también administradora y mujer de Francisco) facturaban por lo mismo, elaboró un informe que ha sido determinante para que el caso se haya admitido a trámite en los juzgados. «Dadas las características del contrato (...), no cabe la figura del contrato menor, por lo tanto su utilización supone un supuesto de fraccionamiento», señala el informe.

En la comparecencia de Moreno del pasado mes de diciembre, ratificada por su marido, manifestó que su esposo «tenía relación previa con el director del MuVIM y a partir de ahí, se establece la contratación de la que es objeto la querella». Igualmente los administradores de la empresa que realizó el servicio de guías a través de contratos a dedo (porque no superaban los 18.000 euros, lo que permite eludir el concurso público) afirmaron que «la Diputación contrataba con ellos mediante un contrato que les pasaban por email. Que dicho contrato se los pasaba un tal Fernando Baixauli, de la Diputación, destinado en el MuVIM». Los propietarios de Somnis sí recordaron quién les enviaba los contratos pero no quién firmaba los decretos (Xavier Rius) que ratificaban una consecutiva adjudicación. «Que alguna factura la hizo a nombre particular, pues así se lo decían en el MuVIM, sin que ella hiciera gestión para que así fuera», señaló Moreno, que no se extrañó de ese modo de facturar. Según la versión que sostuvo ayer Company, si se produjo alguna irregularidad fue por funcionamiento administrativo como «vicio heredado» de la época del PP, de modo que la culpa de la contratación, finalmente, sería del funcionario del museo. El director del MuVIM alegó, además, que se les contrató sin concurso porque era una situación provisional, si bien no se celebró una adjudicación abierta hasta finales de 2017.

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