Directivos de Divalterra cobraron dietas ilegales por ir de su casa al trabajo

Rodríguez abandonó el PSPV y revalidó la alcaldía de Ontinyent con otro partido. / efe
Rodríguez abandonó el PSPV y revalidó la alcaldía de Ontinyent con otro partido. / efe

El informe entregado al juez recoge que cinco altos cargos colocados por Rodríguez se llevaron 47.000 euros sin justificación legal

A. RALLO

valencia. Cinco directivos colocados por el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez en Divalterra cobraron dietas por el desplazamiento de su residencia al trabajo, ingresos que carecen de justificación legal.

Esta es una de las conclusiones del informe que la propia Divalterra ha enviado al juzgado que investiga las contrataciones de altos cargos en la empresa pública pese a la existencia de informes contrarios a estas incorporaciones. El dosier, que forma parte de la última documentación trasladada al órgano judicial, precisa los nombres de los beneficiarios de estas cantidades al margen de la normativa. Se trata de Pau Pérez, Josep Lluis Melero, María Soledad, Raúl Ibáñez y Miguel Ferri.

Las dietas por desplazarse del domicilio al lugar de trabajo -supuesto que en una empresa privada resulta difícil de comprender e incluso también en otras áreas de la Administración- generaron una considerable factura durante los años de desempeño. No son cifras menores. Más bien todo lo contrario. Por ejemplo, Pérez percibió 11.000 euros por este concepto a lo largo de tres años. Fue el segundo que más cobró. La clasificación la encabeza Ferri, quien se embolsó 16.000 euros por sus idas y venidas de casa al trabajo.

Miguel Ferri lidera estos cobros sin cobertura legal. Se embolsó 16.000 euros en tres añosDivalterra estuvo 18 meses sin seguir la orden de la Diputación que impedía estas compensaciones

El resto de altos cargos que ingresaron estas sumas se mueven entre los 4.000 y 8.000 euros pese a que estuvieron un año más en la compañía heredera de la antigua Imelsa, foco del mayor caso de corrupción de la historia de la Comunitat.

El informe, que firma el gerente actual de la empresa, subraya que no existe «justificación legal» para que se les pagaran estas compensaciones ni en los Estatutos ni tampoco en el Convenio de la empresa. Al parecer, fue una cláusula que se introdujo en estos contratos especiales para los altos directivos. Todos los beneficiarios eran afines al PSPV y Compromís, los dos partidos que se reparten el control de la empresa pública. Es más, el informe precisa que pese a que la Diputación de Valencia puso en marcha las medidas de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración en septiembre de 2016, Divalterrra no incorporó esas directrices hasta 18 meses más tarde. Evidentemente, esas indicaciones no permitían el cobro de estas compensaciones por trayecto de la residencia a la firma.

El contenido de este informe, elaborado por los gestores actuales, complica la situación judicial de Rodríguez y su núcleo de colaboradores. Todos ellos se encuentran investigados, junto a los directivos contratados, por el juzgado de Instrucción 9 de Valencia. Divalterra incorporó a los altos cargos tras crear los departamentos ex profeso y una vez los despidieron no buscaron a sustitutos. Es decir, que su puesto no era relevante ni determinante para que la firma siguiera desarrollando su cometido, tal y como ayer informó LAS PROVINCIAS. Estas contrataciones, que nunca realizaron funciones de alta dirección, tuvieron un coste de 1,2 millones. Además, se ocultaron al consejo de administración de la sociedad.