Un directivo investigado reclama más dinero a Divalterra por su despido

Jorge Rodríguez, principal investigado en las contrataciones de la antigua Imelsa. / jesús signes
Jorge Rodríguez, principal investigado en las contrataciones de la antigua Imelsa. / jesús signes

Pau Pérez, uno de los altos cargos colocados por Rodríguez, demanda a la empresa pública porque no se le comunicó su baja con tres meses de antelación

A. RALLOVALENCIA.

La contratación irregular de los directivos afines al PSPV y Compromís en la empresa Divalterra costó 1,2 millones de euros, según un informe de la Intervención General del Estado. Pero esta cifra puede que no sea definitiva. El juzgado preguntó a los actuales gestores de la empresa pública, heredera de la estigmatizada por la corrupción Imelsa, si los altos cargos habían percibido algún tipo de indemnización tras dejar su puesto.

No sólo eso todos recibieron su correspondiente indemnización sino que uno de ellos, Pau Pérez, responsable vinculado a Compromís, ha demandado a la empresa para que le paguen más dinero. El que fuera concejal de Oliva no está de acuerdo con el finiquito que le trasladaron porque no le avisaron de su salida con tres meses de antelación. La firma prescindió de sus servicios «por pérdida de confianza».

Esta información forma parte del dosier que el actual gerente de Divalterra ha enviado al juzgado para aclarar los requerimientos de Anticorrupción. Ya hay fecha para el juicio: mayo de 2020.

Responsables cobraron 11.0000 euros por no cumplir la firma con la obligación de preaviso

La situación de Pérez contrasta con la de sus compañeros de alta dirección, aunque nunca ninguno desarrolló esas funciones, según los informes que constan en la causa. Así, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez y Manuel Carot cobraron algo más de 7.000 euros de indemnización más otros 11.000 por la falta de preaviso. En este caso, lo que se hizo es abonarles el sueldo de esos tres meses al no respetar ese requisito. No obstante, el dosier precisa que en estos supuestos el motivo del despido fue el desistimiento de la empresa, una posibilidad que podían ejercer en cualquier momento.

El informe resulta perjudicial para los intereses de todos los investigados, en especial los del expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y su núcleo de confianza. Todos ellos fueron arrestados en la operación Alquería. En primer lugar, porque concluye que las contrataciones fueron innecesarias. Se crearon los puestos ex profeso y, posteriormente, tras la salida de los responsables no se buscaron sustitutos. Pese a lo anterior la mercantil siguió desarrollando sus funciones sin contratiempos.

Pero, además, los altos cargos se beneficiaron de unas dietas por desplazarse desde su domicilio al trabajo, algo difícilmente comprensible en otras áreas de la Administración autonómica. Y lo hicieron, además, sin que existiera cobertura legal para esos pagos. En total, cerca de 47.000 euros a lo largo de los tres años que se mantuvieron en la firma, según informó LAS PROVINCIAS. Todas las contrataciones se hicieron al margen del consejo de administración. De hecho, los investigados crearon un órgano paralelo al consejo para ocultar información, sostienen desde la fiscalía.