Descartan procesar por organización criminal al director de TV3 y a otros 27 acusados

Vicent Sanchis, director de TV3. /
Vicent Sanchis, director de TV3.

El juzgado barcelonés investiga los preparativos del 1-O en una causa penal paralela al juicio del Supremo

CRISTIAN REINO

El juzgado número 13 de Barcelona, que instruye una causa penal contra 30 exaltos cargos de la Generalitat, de segundo nivel en el escalafón de la administración, ha descartado procesar a los acusados por el delito de organización criminal, tal y como reclamaba la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó al juzgado de instrucción, que investiga la logística del 1-O en paralelo a la celebración del juicio contra los líderes del 'procés' en el Supremo, que procesara a 28 de los 30 acusados por organización criminal. Entre otros, el actual director de TV3, Vicent Sanchis; el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; la presidenta en funciones del ente público de radio y televisión, Núria Llorach; o el actual secretario de Comunicación, Antoni Molons, exsecretario de Difusión.

La jueza argumenta que los hechos investigados no pueden ser constitutivos de un delito de organización criminal en la medida en que de las actuaciones llevadas a cabo por los acusados no puede concluirse que tuvieran una infraestructura adecuada para ejecutar un plan criminal. Además, considera que no existía un acuerdo asociativo duradero. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, una organización criminal es «cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas». En este caso, decía, «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña».

El pasado 9 de abril, el juzgado número 13 de Barcelona, el primero que instruyó una causa penal relacionada con el 'procés' secesionista, dictó el auto de procesamiento contra treinta personas, la mayoría ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont acusados entre unos y otros de los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. La Fiscalía quiso añadir posteriormente el delito de organización criminal, pero la jueza instructora lo ha rechazado. Eso sí, mantiene la fianza de 5,8 millones por responsabilidad civil para los 17 procesados por malversación. Esa es la cantidad que el la magistrada entiende que supuestamente se gastó la administración catalana en la celebración del 1-O.