Cuarenta años después

Cuarenta años después
ANTONIO BAR CENDÓNCatedrático de Derecho Constitucional. Catedrático Jean Monnet 'ad personam'. Universidad de Valencia

La Constitución de 1978 cumple 40 años. Es, sin duda, una fecha muy significativa, tanto en la vida de una persona, como –sobre todo, en nuestra historia– en la vida de una constitución. Es la edad de la crisis de madurez y, para algunos, la edad del cambio –de pareja, de coche, de casa, de trabajo, de vida–, o, al menos, eso es lo que nos dicen algunos manuales de psicología, quizá demasiado influidos por la cultura norteamericana. Pero, si analizamos nuestra realidad política, la regida por la Constitución de 1978, venos como se experimenta en la actualidad también una cierta sensación de incertidumbre, de desasosiego, de necesidad de cambio, de necesidad de superar una etapa, que algunos consideran caduca, y de iniciar una etapa nueva. Lo que no está muy claro, sin embargo, es si ese cambio ha de afectar a la Constitución y en qué medida. En otras palabras, y de nuevo en términos personales, ¿llegó la hora de cambiar de pareja, o quizá, debemos tratar de superar los actuales conflictos y llegar a un acuerdo que nos permita una nueva vida unidos, sin ruptura ni desgarros dramáticos?

En realidad, la Constitución de 1978 fue –es– un buen acuerdo que nos ha permitido llegar hasta aquí y asegurar un marco de convivencia que ha logrado superar graves crisis. La convivencia no ha sido enteramente pacífica y ha habido momentos muy duros que hicieron temblar el edificio. A los años de plomo del terrorismo –de ETA y de otros grupos– ha de añadirse el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, la crisis económica de los años 2010 a 2015 y, cuando la consolidación del sistema autonómico parecía conseguida, los separatistas catalanes –desde el propio gobierno de la Generalitat– dieron un duro golpe al sistema democrático, con su referéndum ilegal y la declaración de independencia. Volvían así a repetir, ahora frente al sistema monárquico parlamentario de 1978, el mismo comportamiento mezquino y desleal que tuvieron frente al sistema republicano y semipresidencial de 1931. Sin embargo, la Constitución de 1978 y el sistema político por ella establecido han logrado resistir a esos duros embates; pero, la cuestión ahora es ¿está preparada la Constitución para seguir haciéndolo en el futuro?

Tras la muerte del General Franco y durante el período que conocemos como la Transición, en medio de una grave crisis económica, derivada del encarecimiento del petróleo que siguió a la guerra árabe-israelí de 1973, las fuerzas políticas del momento (los sectores reformistas del régimen franquista y las fuerzas de la oposición democrática al régimen) lograron un pacto –la «reforma pactada»– que incluía no sólo un objetivo, sino también un método para conseguirlo. El objetivo era establecer un sistema democrático que crease un régimen constitucional que fuese inclusivo –que no excluyese a ninguna fuerza política democrática– y que superase los errores políticos del pasado, resolviendo los problemas atávicos que habían dividido y enfrentado a los españoles: la forma de Estado –monarquía o república–, la soberanía nacional, la cuestión religiosa –separación Iglesia-Estado–, la estructura territorial –centralismo-descentralización–, etc. Y el método fue el consenso. Pero el consenso no fue sólo un método para llegar a acuerdos, sin la imposición simple de la mayoría parlamentaria, sino que fue también un compromiso –la «voluntad de consenso»– de no volver atrás, de superar los traumas de la Guerra Civil y de no reabrir heridas que no estaban aún del todo cicatrizadas. No se puede olvidar que algunos de los protagonistas de la Transición y que participaron en aquel consenso habían sido también sujetos activos en el grave conflicto de los años treinta.

En realidad, la Transición quiso basar el nuevo sistema democrático sobre dos ejes: uno vertical, estableciendo un sistema de derechos fundamentales plenos y protegidos por los tribunales de justicia –en las relaciones ciudadanos-poder político–, y otro horizontal, estableciendo un sistema de descentralización territorial que reconociese y protegiese los derechos de los diferentes territorios de España –las «nacionalidades y regiones», como los define la Constitución–. No cabe duda alguna sobre el pleno éxito conseguido por el sistema constitucional de 1978 en lo que se refiere al primer eje, al vertical. Sin embargo, en lo que se refiere al segundo eje, el horizontal, el éxito no ha sido tal y, más bien, deberíamos hablar de un fracaso, al menos en parte. Y ello, porque el sistema constitucional de 1978 tenía como objetivo primordial, en este ámbito, superar el problema de la plena integración de los territorios con un idioma y una cultura diferenciada, como es el caso de Galicia, el País Vasco y Cataluña, consiguiendo además una mejor gestión del gobierno territorial mediante la descentralización y la autonomía de todas las regiones españolas. Y, sin embargo, si bien el sistema autonómico se generalizó y ha tenido un indudable éxito en muchos aspectos –aunque también presenta graves problemas, como la duplicación de servicios, alto coste económico, falta de coordinación en la gestión y prestación de servicios, crecimiento exponencial de la administración y multiplicación del número de funcionarios, etc.–, en lo que se refiere al País Vasco y a Cataluña es evidente que el sistema autonómico no sólo no ha servido para satisfacer sus exigencias de autogobierno, sino que más bien las ha aumentado y les ha proporcionado una base para aumentar su presión sobre el Estado, al punto de que en Cataluña ha sido el propio gobierno regional el que ha organizado un golpe contra el Estado.

Parece, pues, que la reforma de la Constitución no carece de fundamento y que la conclusión de un nuevo pacto constitucional que reafirme el sistema y asegure su pervivencia mediante una mejor integración de todas las partes del Estado no es algo inoportuno o exagerado. Sin embargo, sería de todo punto improcedente ir a esa reforma pensando sólo en satisfacer a quienes sólo pretenden destruir y superar el actual sistema democrático. Eso, como la historia ha demostrado, es una vana taréa, una pérdida de tiempo. La reforma ha de ir dirigida a la satisfacción de los intereses y la mejor integración en el sistema de los que quieren permanecer en él, evitando el aumento del número de los descontentos y de los que se sienten frustrados por un sistema que es altamente conflictivo en su estructuración –véase la interminable lista de resoluciones del Tribunal Constitucional a este respecto– y que produce llamativas situaciones de desigualdad. Y, quizá, la mejor solución a todo ello sea una estructura política de carácter federal, que fije de manera inamovible las competencias del Estado y las de las Comunidades Autónomas, el sistema de financiación de aquél y de éstas, y el sistema de representación de las Comunidades en el proceso de decisorio y legislativo del Estado, mediante un Senado auténticamente representativo de las entidades territoriales descentralizadas.

Pero, claro es, ello no es una reforma menor, como algunos parecen anunciar. Sólo la modificación de dos o tres artículos de la Constitución en este sentido, supone un cambio sustantivo de régimen político y, por lo tanto, es algo que no se puede realizar si no es mediante consenso; mediante un nuevo pacto para la reforma y un compromiso de llegar a acuerdos –«voluntad de consenso»– que supere el sectarismo y la bipolarización hoy dominantes. Y, desde luego, no se satisfacen esas necesidades de mayor y mejor integración política mediante reformas cosméticas e innecesarias que nada aportan al mejor funcionamiento del sistema, como la supresión de las inmunidades, la inclusión en la Constitución del nombre de las Comunidades Autónomas, o las relaciones con la UE. Sería sólo una mera distracción del objetivo principal.

Es necesario, pues, revivir el consenso de la Transición, no sólo para llevar a cabo una reforma de la Constitución, sino para asegurar una mejor gobernación del sistema, desde el centro, no desde la bipolaridad, la exclusión y el sectarismo de los extremos, de izquierda y de derecha. Sólo el consenso y el compromiso con el sistema podrán asegurar la necesaria pervivencia del mismo y de su Constitución, pues, como decía Thomas Jefferson en 1816, «Tan frágil como la razón y tan limitada como la ley, la Constitución es lo único que tenemos entre nosotros y la anarquía o la tiranía».

 

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