CSIF anuncia movilizaciones y acciones legales por el cierre de Divalterra

Sede de Divalterra en la calle Avellanas./Damián Torres.
Sede de Divalterra en la calle Avellanas. / Damián Torres.

Según el sindicato, los empleados «no son los culpables»

EFE

El sindicato CSIF ha anunciado este lunes movilizaciones contra el cierre de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, así como acciones legales para defender los puestos de trabajo de los 700 empleados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha indicado en un comunicado que «la incompetencia, negligencia y presuntas actuaciones delictivas por parte de algunos dirigentes políticos de Divalterra y de la Diputación de Valencia no pueden perjudicar la estabilidad laboral de las 700 familias que dependen« de esta empresa pública.

«Tampoco puede esa incapacidad política dañar a la sociedad valenciana al poner en entredicho el importante servicio público que prestan los trabajadores de Divalterra«, asegura el sindicato mayoritario en el comité de empresa de Divalterra, que rechaza el cierre.

Según CSIF, los empleados «no son los culpables», y por ello anuncian «todas las movilizaciones y actuaciones« que permitan el ordenamiento »para defender la estabilidad laboral« de los trabajadores de Divalterra.

Además, el sindicato propone que si los partidos «coaligados en el gobierno de la Diputación no tienen personas capaces, que sepan, quieran y puedan gestionar con honestidad y eficacia esta empresa, convoquen un concurso público y transparente para cubrir los puestos directivos«.

La central sindical advierte asimismo de «la incertidumbre» que genera este anuncio de cierre entre los trabajadores y de la posibilidad de que «afecte a su labor en un momento crítico«, cuando su trabajo de prevención y extinción de incendios resulta »especialmente imprescindible«.

También considera una «falta de respeto a los trabajadores« el hecho de que se hayan enterado por los medios de comunicación de la decisión de cerrar la empresa en la que trabajan, y afirma que asegurar por parte de Diputación que se respetan los derechos de los trabajadores «no significa asegurar la continuidad de sus puestos laborales».

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