El PP critica la retirada de recursos al Constitucional

EFE/ S. P.

valencia. La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, señaló que el Gobierno de España encabezado por el socialista Pedro Sánchez «no puede actuar al margen de la Ley en los recursos de inconstitucionalidad» planteados por al anterior ejecutivo a la política educativa del Consell.

Para Gascó, el anuncio del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, de retirar los recursos interpuestos a leyes valencianas, es «temerario y atrevido». «Sienta un precedente muy peligroso, porque hablamos de leyes recurridas con un fundamento, no de una cuestión de partido en la que los socialistas puedan actuar a su antojo», manifestó.

La diputada popular indicó que el cumplimiento de las Leyes «está por encima de las cuestiones partidistas, por encima de normas que no se ajustan a la legalidad y por encima de políticos e instituciones». A juicio de Gascó, el delegado del Gobierno «ha debutado con mal pie. Primero cuestionando la acción de la Policía en la operación Alquería y ahora haciendo ver que el Gobierno de España se rige por su color político y puede hacer y deshacer según le convenga, aunque perjudique a todos los valencianos».

La responsable popular destacó que las comisiones bilaterales «son prácticas cuando hay intención de dialogar y de corregir errores, pero desde la llegada del Gobierno de Sánchez lejos de poner orden ha afianzado las políticas radicales». Beatriz Gascó indicó que «ahora entendemos porqué Sánchez reventó en su día el pacto educativo, porque no le interesa contar con un sistema de calidad sino que cada comunidad autónoma pudiera radicalizarse y convertirse en el reino de taifas en el que está convirtiendo España».

Las declaraciones del PP se produjeron el mismo día que se hizo público que el alto tribunal había declarado inconstitucional varios artículos de la ley de Función Social de la Vivienda. Además de contra esta norma el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy impuso recursos a otros proyectos como la ley de pobreza energética, normas de carácter económico e incluso contra la radiotelevisión valenciana o la ley de senadores que ya fue declarada inconstitucional.

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