Les Corts se niega a prestar la asesoría jurídica que insiste en pedir Antifraude

Antifraude «tiene reconocida legalmente su independencia, así como plena capacidad para actuar en el ejercicio de sus competencias», recuerdan los servicios jurídicos parlamentarios. Por esa misma circunstancia, la autonomía de la que, además, hace gala el propio Llinares, que reclamó y defiende con uñas y dientes, no casa con la utilización de los servicios jurídicos de Les Corts.

Por si la memoria de los responsables de la oficina impulsada por Podemos es débil, los letrados del parlamento valenciano le han recordado ahora que hay un informe del pasado 25 de febrero donde se explica de manera pormenorizada el por qué de la negativa de la Cámara autonómica.

El letrado mayor de la Cámara, Francisco Visiedo, firmó hace ochos meses la respuesta negativa a la agencia, que hace dos años ya pidió prestados dos empleados para realizar asesoramiento legal en el proceso para elegir a su futura plantilla, y tras una negativa inicial, posteriormente, se liberó a una persona para echar una mano a un organismo que no logra despegar. El rechazo obedece en la actualidad a la falta de soporte legal para que los abogados del parlamento valenciano se pongan a las órdenes de la institución que dirige Llinares.

Les Corts recibió un escrito de la agencia donde, según el informe elaborado por la Cámara, solicitaba a sus letrados «prestar funciones de defensa y representación procesal» de Antifraude. Esa petición, según el escrito, era una consulta para saber si existía la posibilidad de que los funcionarios de la Cámara asesorasen y defendiesen en juicio ante los tribunales ordinarios o ante el Tribunal Constitucional en función de «la previsión de que en breve la Agencia tendrá necesidad de ser representada y defendida en algunos recursos contenciosos que han sido interpuestos contra resoluciones administrativas adoptadas (por ella) en ejercicio de sus funciones y finalidades que le han sido asignadas y ante la acumulación de tareas del personal de Antifraude». Ahora, de nuevo, y después de aquella negativa, Antifraude vuelve a pedir ayuda jurídica. Sin embargo, la ley no ha cambiado, y es lo que le recuerdan los juristas ahora, de nuevo.

La agencia se puso en marcha sin prever sus necesidades de personal administrativo, sin contemplar la eventualidad de una representación legal y con un formato jurídico que ha tropezado con las competencias de otros estamentos que también ejercen de controladores de la actividad de la Administración. Todo ello ha provocado un importante atasco en su actividad. Sus puestos directivos se cubren y quedan descubiertos muy rápidamente.

La Abogacía de la Generalitat no puede ofrecer esa cobertura «por concurrir causa de posible conflicto de intereses», según señala la propia Agencia, ya que dentro del ámbito de sus actuaciones está investigar a la propia Generalitat.

La oficina es una entidad con personalidad jurídica propia. La Cámara recalca el «régimen de independencia» del organismo que dirige Llinares, lo que le permite elaborar y aprobar su propio presupuesto.

El dictamen subraya que la ley que permitió en 2016 poner en marcha Antifraude no establece que Les Corts deba intervenir, autorizar, dirigir o tutelar a la agencia, y que ese «ámbito autónomo de decisión se extiende también al asesoramiento jurídico y legal», así como a «la dirección de actuaciones procesales que hubiere de desarrollar ante los jueces y tribunales de cualquier jurisdicción».