Les Corts multará a los partidos si colocan carteles como los de Compromís contra Mazón

Los cambios pueden dividirse en tres tipos al margen de los relativos al lenguaje inclusivo. Por un lado, aquellos que intentan simplificar y agilizar la actividad de la Cámara (tanto para la elección de síndics, como para regular el voto telemático, otorgar derechos a los parlamentarios de baja, clarificar la actuación de los diputados no adscritos, los debates o la presentación de iniciativas…). Por otro, los que empoderan a la Mesa, que se apropia de la fiscalización de las cuentas de los grupos e incrementa el control de la actividad de los diputados. Y finalmente, las normas disciplinarias y restrictivas, que se endurecen. Se crean unas sanciones a los grupos parlamentarios en su conjunto, no a los diputados, en todo lo relacionado con el «debido orden y decoro en el recinto de la Cámara». Igualmente, se introduce el veto a las iniciativas que hagan «valoraciones que pudieran ser ofensivas». Hasta hora, esa sensibilidad se limitaba a las preguntas que podían dirigirse a la Mesa para plantearlas generalmente a consellers o al presidente de la Generalitat. Ahora se extiende también a las proposiciones no de ley que ofendan a «terceras personas, atenten al decoro de la Cámara o a sus miembros, de las instituciones de la Generalitat o del Estado, o de cualquier otra persona o entidad».

La reforma que prepara PP y Vox introduce un artículo, el 106 bis, por el cual «los grupos parlamentarios serán responsables del mantenimiento del debido orden y decoro en el recinto de la Cámara», y el incumplimiento de ese deber ante el apercibimiento de la Presidencia de Les Corts «podrá dar lugar a la imposición de una sanción por parte de la Mesa» de hasta «el equivalente al 20% de la cuantía mensual de la subvención fija que reciba el grupo». Igualmente, se ratifican como «faltas imputables a los grupos» si hay un «uso inadecuado de las instalaciones de la Cámara, la colocación de carteles o símbolos no autorizados por la Mesa en espacios comunes y la organización, en sede parlamentaria, de actos atentatorios contra el decoro de las personas e instituciones». Las medidas parecen 'ad hoc' para maniatar la espectacularización política. Los circos que se montan en Les Corts cada cierto tiempo. Sin ir más lejos, en el último pleno, con Compromís al unísono exhibiendo carteles preguntándose dónde estaba Mazón la tarde de la dana.

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El poder de la Mesa, actualmente controlada por el PP, se incrementa, tanto respecto a los diputados como en relación al control de la fiscalización de las cuentas de los grupos (para evitarse interpretaciones de los interventores), que son, paradójicamente, los que forman parte de esa Mesa (ahora mismo, todos excepto el PSPV). Si un diputado realiza una solicitud de informes y documentos a la Generalitat, se introduce un control previo formal (la Mesa examina si la solicitud es válida y clara), que no existía antes. Se elimina la opción de presentar una proposición no de ley en caso de disconformidad ante una pregunta al Consell, al que se le otorga más tiempo para responder preguntas de los diputados. Entre las obligaciones de los diputados y los grupos, desaparecen las relativas a la transparencia sobre la «información presupuestaria de los grupos parlamentarios y su ejecución» y el «personal contratado por los grupos parlamentarios», y de ser una obligación pasa a ser una facultad (se podrá hacer o no) la publicación de los datos relativos a la asistencia de los diputados y las diputadas a las sesiones.

En el ámbito de las comisiones, se introducen diferencias sustanciales. La reforma limita las comisiones de investigación a los asuntos competencia de la Generalitat, se agiliza su puesta en marcha pero se fija su duración a seis meses, y se advierte de que quien no comparezca puede incurrir en responsabilidades penales según el Código Penal, una obligación hasta ahora reflejada en el Reglamento de manera más ambigua pero que ahora se referencia al artículo 502 de la reglamentación penalista.