Les Corts aprueba la ley que limita los mandatos del CJC y cambia la elección

La nueva norma, que actualiza la ley vigente de 1994 y fue impulsada por Podem hace un año mediante una proposición de ley, ha quedado aprobada con los votos de todos los grupos excepto el PP, que se ha abstenido.

Con esta ley, los seis miembros del CJC serán designados dos por el Consell y cuatro por Les Corts (hasta ahora elegía tres cada institución); el mandato de los consejeros pasará de cinco a cuatro años, y de un máximo de quince a ocho años, y se garantizará la paridad de género en su composición.

Además, la presidencia de este órgano estatutario dejará de ser designada por la presidencia de la Generalitat y será elegida por los consejeros electos en votación secreta, mientras que Les Corts podrán pedir también informes al CJC, algo que estaba limitado a la Generalitat y las entidades locales.

Finalmente se ha eliminado del texto la disposición que planteaba que Les Corts tendrían un «servicio de consulta» que asesorara a los grupos parlamentarios sobre las proposiciones legislativas, que a juicio de Ciudadanos implicaba duplicar órganos y de haberse mantenido habría votado en contra.

La ley introduce que los candidatos a consejeros deberán demostrar más de quince años de ejercicio profesional, frente a los diez actuales, y tendrán que comparecer ante una comisión de Les Corts para acreditar su idoneidad, mientras que el CJC deberá rendir cuentas con una memoria anual sobre su actividad.

El portavoz socialista, Manuel Mata, ha indicado que es una ley «muy loable» y «ojalá» salga «bien», pero el PSPV «nunca hará una ley ad personam», pues los expresidents de la Generalitat son «dignísimos y tienen mucho que aportar», y a los que hayan sido «inmorales» o tenido comportamientos «ilegales» les exigirán cuentas sus partidos o los tribunales.

Mireia Mollà, de Compromís, ha agradecido la actitud «constructiva» de este debate, y ha considerado que la limitación de mandatos solo afecta a los consejeros electos, no a los natos, y que los expresidents de la Generalitat no deberían estar en este órgano, sino en el Consejo Económico y Social.

La diputada de Podem Fabiola Meco ha asegurado que gracias a esta ley el CJC tendrá «más autonomía y más dosis de democracia, transparencia y regeneración democráticas», y ha considerado que la limitación de mandatos de forma retroactiva de los consejeros afecta también al consejero nato, el expresident Francisco Camps.

Para la diputada del PP María José Ferrer, esta ley no es urgente ni necesaria, es un ejemplo de legislación «a golpe de parche», y se dice que busca la «neutralidad» pero plantea un mandato coincidente con la legislatura y «privilegia» la elección parlamentaria, lo que prima la «afinidad partidista» y una mayor «politización».

«Pido al PSPV que resistan los pulsos botánicos; sean valientes, voten como realmente piensan y voten nuestras en enmiendas, que son como las suyas», ha afirmado Ferrer, quien ha acusado a los socialistas de no ser «coherentes con lo que dicen».

El diputado de Ciudadanos Antonio Wooward ha defendido que han querido dar un carácter «más independiente, más despolitizado y, en definitiva, más profesional» a este órgano estatutario, así como «acabar con las duplicidades y con los recursos mal gestionados».