Corinna identifica a los informantes de las presuntas comisiones de 80 millones en el AVE a La Meca

Corinna Zu Sayn Wittgenstein, en una imagen de archivo.

La empresaria alemana declara como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción en Londres y asegura que las «serias acusaciones» sobre los «negocios financieros del Rey emérito han existido durante décadas»

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La empresaria alemana Corinna Zu Sayn Wittgenstein, amiga íntima del Rey emérito Juan Carlos I, ha declarado este jueves como testigo en Londres ante el fiscal anticorrupción Luis Pastor. La testifical se enmarca en las diligencias abiertas por el Ministerio Público sobre las presuntas comisiones que mediaron en la adjudicación a una UTE española de la construcción del AVE a La Meca, en Arabía Saudí, por más de 6.700 millones de euros.

Corinna ha sido interrogada en relación a las comisiones de hasta 80 millones de euros que presuntamente mediaron en ese contrato de 2011, obtenido por un consorcio de 12 empresas público-privadas.

Según su abogado, , la empresaria ha puesto en conocimiento de los investigadores de forma voluntaria «los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento». Esto es, ha trasmitido a las autoridades españolas los datos que obtuvo de «terceras personas» -a quienes ha identificado- sobre el acuerdo para la construcción del AVE, «un negocio en el que no tuvo ningún tipo de participación».

«Es evidente que una investigación completa debe ir mucho más allá de los pocos hechos que conoce ella», afirma el abogado en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, en el que añade que desde hace décadas los medios de comunicación han informado sobre «negocios financieros del Rey emérito».

Asimismo, advierte el abogado de Corinna de que cualquier intento por parte de personas en España de utilizar a su clienta como «chivo expiatorio» para restar importancia a las propias acciones indebidas se enfrentarán a una «respuesta legal rápida».

El interrogatorio de este jueves se produjo después de que la Fiscalía española solicitase a la , la oficina antifraude británica, colaboración para tomar declaración a la empresaria en el marco de las diligencias de investigación incoadas a raíz de la publicación de unos audios en los que afirmaba que en la adjudicación de esa macro infraestructura habían mediado mordidas.

Precisamente, cuando el pasado l de julio trascendió que Anticorrupción llevaba meses esperando respuesta de la SFO para proceder a la toma de declaración, el equipo de abogados de la otrora princesa, que reside en Londres, emitió un comunicado en el que desmarcaba a su clienta de la adjudicación del llamado 'AVE del desierto' e incidía en su voluntad de cooperar en cualquier asunto con la justicia española.

Acusaciones «débiles» contra el Rey

El caso se remonta a julio de 2018, cuando se difundieron una serie de audios grabados por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, y la propia Sayn Wittgenstein. Ella afirmaba que el Rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de aquella adjudicación y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartir el 'pastel'.

La revelación motivó la apertura de una pieza separada de investigación en el 'caso Villarejo' que instruye la Audiencia Nacional, aunque en septiembre del año pasado se archivaron las actuaciones respecto de don Juan Carlos porque, por un lado, las afirmaciones sobre él se consideraban «extremadamente débiles» y, por otro, en aquella época aún reinaba y, por tanto, era inviolable.

No obstante, el juez Manuel García Castellón dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaba tanto el contrato como las personas, los importes y las posibles mordidas en una información que se complementaba con «otros documentos hallados» durante la instrucción.

El Ministerio Público abrió diligencias secretas de investigación a finales de 2018 por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Se trata de una fase de investigación que podría derivar ahora en una querella en el juzgado si la Fiscalía halla indicios de delito contra persona físicas y/o jurídicas (empresa).

En el consorcio hispano-saudí Al Shoula Group participaron las empresas públicas Adif, Renfe e Ineco (dependientes del Ministerio de Fomento) y las privadas Indra, OHL, Consultrans, Copasa, Imathia, Cobra, Dimetronic, Inabensa y Talgo, así como las empresas saudíes Al Shoula y Al Rosan. Las empresas españolas controlan el 88% del consorcio y los socios locales, el 12% restante.