IU pide que el director del CNI explique en el Congreso las grabaciones a Corinna

Juan Carlos I saluda a un invitado durante la gala Laureus de 2006, en presencia de Corinna./C. ÁLVAREZ
Juan Carlos I saluda a un invitado durante la gala Laureus de 2006, en presencia de Corinna. / C. ÁLVAREZ

La empresaria se defiende y denuncia que hay «una campaña de descrédito con motivación política» contra ella

MARÍA EUGENIA ALONSO y MATEO BALÍNMadrid

Las supuestas conversaciones de Corinna zu Sayn-Witthenstein junto al comisario José Manuel Villarejo asegurando que Juan Carlos I tiene cuentas en Suiza han llegado al Congreso. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, va a registrar una batería de iniciativas para que el Gobierno responda cuanto antes sobre los presuntos negocios ocultos del rey emérito. «Se ha aprovechado durante mucho tiempo de su situación de inviolabilidad para sus desmanes», remarcó.

En concreto, el coordinador federal de IU reclamará que Hacienda investigue si el padre de Felipe VI tiene esas supuestas cuentas, tal y como confesó la empresaria alemana en unas grabaciones de 2015 difundidas por 'El Español' y 'OK Diario', y que actue «si ve que hay indicios de delito». Asimismo, Garzón pedirá al CNI y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que den explicaciones sobre estas revelaciones.

La que se definió a sí misma como «amiga entrañable» del monarca reveló a Villarejo, en una reunión que supuestamente ambos mantuvieron en la vivienda que ella tiene en un exclusivo barrio de Londres, que el exjefe del Estado la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Borbón.

Corinna considera que hay «una campaña de descrédito con motivación política» contra ella basada en «un sinfín de información falsa». «Tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe», zanjó la empresaria en un comunicado.

La trama de los comisarios

La difusión de los audios en los que Sayn-Wittgensteinla da a conocer supuestas actividades ilegales de don Juan Carlos coincidieron con la última vuelta de tuerca de la 'operación Tándem', que se cobró esta semana dos nuevas detenciones, la del comisario de la Policía Enrique García Castaño y la del inspector jubilado Antonio Bonilla. La causa que investiga el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional ordenó el 3 de noviembre pasado el arresto de los también comisarios José Manuel Villarejo, en la actualidad en prisión preventiva junto a su socio y abogado Rafael Redondo, y de Carlos Salamanca, en libertad provisional desde marzo.

En la causa se investigan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. De momento solo se ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada que afecta a Salamanca por un delito de cohecho. Esas diligencias detallan las dádivas y entregas en efectivo recibidas presuntamente por el acusado cuando era jefe policial de Barajas a cambio de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos de Guinea Ecuatorial relacionados, entre otras, con la compañía nacional del petróleo.

Precisamente, en esta batalla dentro de la familia Obiang por el control político del 'oro negro' intervino en 2012 el controvertido Villarejo. Se trata de un exagente encubierto señalado en los casos Pujol, 'pequeño Nicolás', 'doctora Pinto' o 'Astapa' por sus servicios privados de gestión de crisis utilizando medios parapoliciales.

En el caso de la 'operación Tándem', los investigadores recibieron en abril de 2017 una denuncia anónima que afirmaba que en 2012 Cándido Nsue, ex director general de Gepetrol y cuñado de Teodoro Obiang, encargó a Villarejo un informe sobre el ministro de Minas y Energía Gabriel Mbega Obiang Lima. Se trataba de buscar trapos sucios y difundirlos a través de la red de medios cómplices para desacreditarle y anularle en las luchas familiares. Fue el comisario Salamanca quien hizo de enlace y Villarejo firmó el contrato a través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, por 5,3 millones de euros, según la denuncia.

Esta operación está en el centro de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor Diego de Egea, que este miércoles dieron un nuevo golpe en la mesa con la detención del comisario García Castaño y del inspector Bonilla por su implicación directa en la causa. Ambos pasarán a disposición judicial este viernes junto a la mujer y la hija del primero, también investigadas.

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