La conselleria de Oltra exige al Gobierno de Sánchez 935 millones por la dependencia

Ábalos, Puig, Sánchez, Oltra y Baldoví en una reunión entre socialistas y nacionalistas de hace dos semanas en Valencia./
Ábalos, Puig, Sánchez, Oltra y Baldoví en una reunión entre socialistas y nacionalistas de hace dos semanas en Valencia.

La número 2 en el área de Servicios Sociales del departamento que dirige la vicepresidenta reclama la deuda del Estado acumulada desde 2015

EP / B. F.VALENCIA.

Once meses han pasado. Ximo Puig salió satisfecho de una reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. El presidente del Gobierno prometió al presidente de la Generalitat que doblaría el porcentaje de la participación del Ejecutivo central en la atención a la dependencia (ronda el 12% de la inversión pública que se hace en la Comunitat, y Puig se aventuró a considerar que de alcanzar el 25% en 2019 sería «una buena noticia), pero no, se le cayeron los presupuestos, se le cayó el Gobierno y en julio se quedó sin investidura. El resultado es que la aportación del Estado no ha variado. La secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Helena Ferrando, ha cifrado en 935 millones de euros la deuda del Estado con la Generalitat en dependencia desde 2015 ya que el Consell ha aportado en este periodo un total de 2.170 millones mientras que el ministerio solo ha participado con 299,3 millones cuando debería financiarse al 50%.

Ferrando no es cualquiera. Es uno de los altos cargos más próximos a Oltra. Persona de su máxima confianza, ejerce la tutela política de una de las áreas clave en el departamento de la vicepresidenta. En las últimas elecciones, sustituyó a Xavier Rius en la candidatura municipal en Picanya. Ferrando, en una entrevista concedida a Europa Press, apuntó que está «muy contenta» de la abstención de Compromís en el primer debate para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno porque era «lo que tocaba hacer» ya que en 2018, según las estimaciones, el Gobierno central aportó el 11,20%, 76 millones, y la Generalitat el 89,80%, 602 millones. El voto favorable de Compromís en septiembre tendrá un precio en forma de una mejora en los fondos que la Generalitat recibe del Gobierno, y el cheque, además, pretende tener destinación concreta.

Ferrando subrayó que se trata de un incumplimiento de la ley y que si el Estado abonara el 50%, el Consell tendría los recursos necesarios para «poder trabajar más y mejor» con «la contratación de más personal y nuevas residencias». El sistema, según los datos de Ferrando a 30 de julio, atiende a 83.477 personas beneficiarias y se han introducido 76.515 afectados desde julio de 2015. Además, en lo que va de año se han registrado 26.753 nuevas solicitudes, 3.308 sólo en julio. Según la secretaria autonómica, cuando llegó el Botànic al Consell el sistema de dependencia «no funcionaba, con una espera de hasta cinco años» mientras que ahora «los nuevos expedientes se resuelven en unos seis meses, el plazo que marca la ley». La realidad, sin embargo, es otra, y no la que describe Ferrando. Expedientes de octubre de 2017 se resuelven, en algunos casos con evidentes defectos de forma, un año y medio después. La espera a que todo quede zanjado puede alargarse actualmente hasta los dos años.