El Consell replica a los peritos afines al PSOE: la declaración de emergencia catastrófica es un 'bluf' jurídico del Botànic

Los especialistas elaboraron un amplio informe acerca de la gestión de la emergencia en la tarde del pasado 29 de octubre. Se trataba de analizar las decisiones o la inacción por parte de las administraciones así como aclarar si existió una debida planificación.

Los peritos apuntaron hacia los alcaldes por no haber activado los planes de emergencia, pero también señalaron la figura del presidente Mazón por entender que pudo hacer más por revertir los acontecimientos, ya que pudo decretar la situación de emergencia catastrófica, competencia presidencial recogida en la Ley 3/2020. La norma establece que, ante una situación de peligro grave, y en tanto no sea declarado por el Estado el interés nacional (nivel 3 de emergencia, que nunca se declaró), el presidente «podrá declarar la situación de emergencia catastrófica», lo que le hubiera permitido asumir el mando único y la dirección de todo.

Fuentes de la Generalitat, sin embargo, consideran que la «emergencia catastrófica» es una figura vacía: «no existe ningún reglamento que la desarrolle, no existe procedimiento para su declaración y en su esbozo no añade competencias a la Generalitat».

«Sólo aparece referenciada en la legislación valenciana una vez, en cuatro líneas que forman parte de una disposición adicional en una ley fiscal, diciendo que el Plan de Protección Civil de la Generalitat desarrollará la figura especificando cómo se declara. Jamás se hizo y jamás se especificó su contenido: fue un nuevo brindis al sol del Botánico sin contenido práctico», indican desde el Consell.

Para el Gobierno valenciano, en la «única referencia» sobre esa emergencia catastrófica, las competencias de la Generalitat son las mismas: «No cambia absolutamente nada: ni hay otros medios ni hay otros recursos distintos a los del nivel 2. No cambiaría nada».

El nivel 2 implica convocar un Cecopi, organismo que dirige el conseller con competencias en esa materia (en aquel momento, Pradas). Sin embargo, esa figura legal, de haberse decretado, hubiera supuesto que sería el propio Mazón el que asumiese el mando (y, por tanto, la resposabilidad de todo) de la situación.

La conclusión, para fuentes del Consell, es que «la emergencia catastrófica, que no está desarrollada en la legislación valenciana, ni se puede declarar (no hay reglamento que lo permita) ni tiene ninguna aplicación práctica (mantiene las mismas competencias para la Generalitat que el nivel 2)».

Desde la Generalitat se recuerda la «vinculación con el PSOE» de los peritos autores del informe de SOS Desaparecidos. Los dos autores del dosier son José María Gil y Alberto Aguilar Zarco. Tienen una gran experiencia relacionada con los dispositivos de control y prevención de emergencias, pero ambos arrastran un pasado en la política.

José María Gil ha estado vinculado directamente con el PSOE. Se presentó, de hecho, a la alcaldía de Los Alcázares, en 2015. No consiguió la vara de mando, pero se mantuvo como portavoz del grupo socialista en el consistorio.

El caso de Alberto Aguilar tiene un vínculo más directo con el propio Argüeso, uno de los dos investigados en la trama. Era el número tres de Ciudadanos en Molina del Segura. Fue expulsado de la formación por dar su apoyo al PSOE pese a las indicaciones de Ciudadanos en sentido contrario.