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El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. efe/j. m.

El Consell rechaza que la Agencia Antifraude se convierta en ente estatutario

El Gobierno valenciano considera inaplicable esta legislatura la petición de la oficina de ser una institución como la Sindicatura o el Jurídic

D. Burguera

Valencia

Jueves, 30 de noviembre 2017, 23:18

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El Consell considera inaplicable la petición de la Agencia Antifraude de dejar de ser una entidad de derecho público para convertirse en una institución como el Consell Jurídic o la Sindicatura de Greuges. Fuentes del Gobierno valenciano señalan que en la actual legislatura no hay tiempo para llevar a cabo ese cambio. Las mismas fuentes consideran poco comprensible la transformación de la oficina en un ente estatutario sólo un año después de que se aprobase la ley para su creación, a propuesta de Podemos. Igualmente, desde el Ejecutivo se considera que «subir de rango», tal y como propone el director de la Agencia, Joan Llinares, «no garantiza trabajar mejor porque el problema es de medios, y eso no se solucionará hasta que no haya un nuevo modelo de financiación». Carpetazo, pues, al anhelo de Antifraude de ganar autonomía frente a la Generalitat.

La petición del máximo responsable de la nueva oficina también ha causado extrañeza entre las instituciones autonómicas. «Acaba de empezar. La ley se aprobó hace un año y cambiarlo ya sería precipitado», señaló a este periódico el máximo responsable de uno de los entes a los que quiere equipararse la Agencia Antifraude.

«Son lo que son y en el Estatuto no están», indicaron fuentes del PSPV, que también consideran que la propuesta realizada por Llinares no es aplicable. Desde Podemos, sin embargo, entiende que «podría ser una evolución razonable que consolidaría a la agencia para cuando estuviese rodada». Por parte de otras fuentes del Consell se considera que los responsables de la oficina pretenden convertirse en institución de la Generalitat al constatar las dificultades burocráticas que supone arrancar la actividad de la agencia en su actual calidad de entidad de derecho público. Sin embargo, no le quedará otra a Llinares, a pesar del extenso argumentario que utilizó para proponer el cambio.

El director de la nueva oficina pretende transformar la naturaleza jurídica del ente y situarlo en un escalafón superior al actual, lo que supondría ganar en autonomía en todos los ámbitos de gestión. De esta manera, Antifraude se gestionaría como lo hace la Sindicatura de Comptes o el Jurídic. El cambio supondría contar con las ventajas de los organismos estatutarios, las instituciones valencianas con capacidad para confeccionar sus propias plantillas, con sus propios complementos específicos, entes no controlados a través de la Intervención General de la Generalitat Sería lograr una autonomía muy próxima a la que Podemos aspiraba a que tuviese cuando diseñó en 2015 su puesta en marcha, y que más tarde fue considerablemente modificada a través de la negociación que tuvo que abrirse incluso en el propio seno del tripartito que firma el pacto del Botánico.

Llinares se dirigió a Les Corts a través de una «propuesta modificación puntual» de la ley de creación de la oficina, una serie de modificaciones notables tanto en el articulado que determina su naturaleza jurídica como lo relacionado con los nombramientos, el presupuesto y el control de la agencia. El director del ente plantea la necesidad de alterar tres artículos de los 30 que componen la normativa aprobada hace menos de un año, así como una de las tres disposiciones transitorias que incluye la ley.

El responsable de Antifraude considera necesario convertirse en institución similar a las entidades estatutarias (Consell Jurídic, AVL, Sindicatura de Comptes o de Greuges...), porque entiende que las entidades de derecho público son propias del sector público instrumental, vinculado al Consell y a la gestión administrativa. Además, quiere que el modo en que deben clasificarse los puestos de trabajo de su plantilla dependa de la ley de función pública «sin perjuicio de la regulación que de forma específica pueda establecerse reglamentariamente por la agencia», y además, también pretende modificar el control presupuestario porque la agencia que no debería «estar sometida al régimen de intervención general de la Generalitat», sino depender de la Sindicatura de Comptes.

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