El Consell ya paga en 62 días y vuelve a asomarse al precipicio de la intervención

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / EFE/Manuel Bruque
El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / EFE/Manuel Bruque

Hacienda certifica que en septiembre se superó el límite de morosidad que fija el Gobierno y que, en caso de repetirse, tendría consecuencias

JC F. M. VALENCIA.

Una corrección publicada el pasado día 18 de octubre por la Intervención de la Generalitat, y que rebajó de 60,9 a 58 los días de retraso de la Generalitat en atender los pagos a sus proveedores, es la que ha permitido que la administración autonómica no se encuentre, desde hoy, en el supuesto que establece la ley de Estabilidad Presupuestaria y que permitiría al ministerio de Hacienda tomar las riendas de la gestión financiera del Consell. Porque tal y como era de prever, el Gobierno valenciano volvió a superar el último mes los 60 días de plazo que fija la norma. La misma que establece que, si esa incidencia se repite por dos meses consecutivos, la administración central pasa a estar en disposición de intervenir sobre la contabilidad autonómica.

El dato lo hizo público ayer la Intervención de la Generalitat. Y eleva el periodo medio de pago a proveedores hasta los 62,12 días. Tal y como recalcó la conselleria de Hacienda, se trata de un dato que no es oficial, porque el que vale es el que publica el ministerio de Hacienda -aunque en realidad lo que éste hace es reproducir la cifra que se le remite desde cada autonomía.

Esos 62,12 días corresponden al pasado mes de septiembre. En agosto, tal y como ya publicó este diario, la Intervención hizo público un dato de 60,9 días. Es decir, ya advirtió con datos de que los retrasos en los pagos -la conselleria de Sanidad es la que genera mayor acumulación de facturas pendientes- situaba a la Generalitat al borde de un precipicio. Pero el pasado 18 de octubre, justo el día en que en una reunión del consellet -la previa del pleno del Consell- se hicieron evidentes las discrepancias entre Hacienda e Igualdad respecto al cambio del procedimiento de fiscalización de las facturas, Intervención emitió una corrección de ese dato. Los 60 días se convirtieron en 58 y al riesgo de la intervención se le dio una patada adelante.

Hasta este mes. Septiembre vuelve a superar el tope que fija la norma. Y fuentes de la administración autonómica reconoce un riesgo elevado de que el mes de octubre repita la cifra. La aprobación del control financiero permanente en el último pleno del Consell de octubre debe servir para aligerar la tramitación de pagos a proveedores. Pero ese mecanismo ya no habrá influido en el resultado de ese mes.

¿Y entonces? En su artículo 13 la ley de Estabilidad estipula que en aquellos casos en los que el periodo máximo de pago de una Administración Pública supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá actualizar su plan de tesorería incluyendo el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir su periodo medio de pago, así como el compromiso de adoptar medidas para reducirlo.

La Comunitat Valenciana llegó en marzo de 2015 a rozar los 100 días de retraso en el pago a las firmas que le prestan servicio. De hecho, en aquella fecha se produjo la primera comunicación de alerta por parte del ministerio de Hacienda. En junio de 2016, con 63 días de retraso, Hacienda comunicó que se adoptaban las oportunas medidas de corrección. Pero, claro está, el dato de septiembre -que debería conocerse en las próximas semanas- resulta mucho más peligroso por la proximidad de las elecciones.

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