El Consell insiste a la jueza de Valmor en que el fiscal le apoya en el Tribunal de Cuentas

A. RALLO

valencia. La Abogacía de la Generalitat ha presentado un nuevo escrito ante la titular de Instrucción 2 de Valencia para tratar de que mantenga abierta la causa por la compra de Valmor por un euro después de que la fiscal solicitara el archivo de las diligencias. Las nuevas alegaciones comunican que el ministerio público todavía apoya la reclamación de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas, procedimiento en el que se reclaman 24 millones de euros a diferentes altos cargos por su presunta responsabilidad. Recuerda la Abogacía que la sentencia no es firme. El primer fallo fue exculpatorio para los altos cargos y se condenó a la Generalitat al pago de las costas. Una cifra que superará ampliamente el millón de euros, según los primeros cálculos de las defensas.

LAS PROVINCIAs publicó recientemente que la Fiscalía había dejado sola a la Generalitat en la reclamación de estas cantidades, según fuentes judiciales. Pero la Abogacía sostiene que sí lo hizo. En realidad, dice que se adhirió a su recurso. Sin embargo, los acusados mantienen que ese trámite no se puede completar de esa forma sino que deberían haber aportado un recurso como el que presentó la Administración. Por este motivo se ha presentado un recurso que está pendiente de resolución para excluir estas alegaciones del ministerio público.

La Generalitat trata por todos los medios de continuar con las causas contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la Fórmula 1. La Fiscalía Anticorrupción soliticó el archivo tras cuatro años desde la denuncia inicial en los que no se había avanzado nada en este asunto. Basó el sobreseimiento en que la decisión fue la menos perjudicial para los intereses del Consell, la Abogacía tiene una postura diferente. Idéntica situación ocurrió en la causa del circuito de la Fórmula 1. Fiscalía apostó por el archivo y los profesionales de la Administración por seguir adelante. Esta disparidad de criterios ha generado un evidente malestar en el ministerio público porque evidencia que los criterios jurídicos no son los únicos conductores de la acción penal. La Audiencia dio la razón a la fiscalía.