El Consell identifica a dos cargos por incumplir la ley de incompatibilidades

La socialista Rebeca Torró, actualmente secretaria autonómica. / LP
La socialista Rebeca Torró, actualmente secretaria autonómica. / LP

La Oficina de Conflicto de Intereses señala que los socialistas Romeu y Torró desoyeron los plazos de dar cuenta de sus bienes y actividades

BURGUERA

valencia. Les Corts ha recibido el informe de 2018 de la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, un organismo creado por el Consell para analizar las incompatibilidades e irregularidades que puedan derivarse de la incorporación o el cese como alto cargo del Gobierno valenciano de los políticos, funcionarios y profesionales que se incorporan a puestos públicos. El documento, en su apartado de incidencias, señala que dos altos cargos socialistas, Francesc Romeu y Rebeca Torró, incumplieron con los plazos (dos meses una vez deja el cargo y, siempre, antes de iniciar cualquier otra actividad) de entrega de documentación ( declaraciones de actividades y la de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales) que se exige a los altos cargos cuando abandonan su puesto.

Romeu fue director de Clientes y Accesibilidad de FGV, un nombramiento no exento de polémica porque los sindicatos lo consideraron un trato de favor para dar trabajo al que fuera número dos del PSPV. Torró, la que fuera mano derecha en Ontinyent del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, fue directora general de Vivienda, y tras las elecciones de abril fue nombrada secretaria autonómica de Economía Sostenible. El informe de la OCCI, con fecha de abril de este año y entregado hace una semana en Les Corts, señala que ninguno de los dos había cumplido con sus obligaciones de presentación de documentos, lo que se considera sendos incumplimientos. El Consell, a través de la Conselleria de Transparencia, dio cuenta de este informe a inicios del pasado mes de abril. Entonces, trascendió que el exintendente del Palau de les Arts Davide Livermore era el único alto cargo del Consell que había sido sancionado de forma leve (una amonestación) por no haber cumplido a tiempo con los preceptos marcados por la Oficina de Control de Conflicto de Intereses. Fuentes del Gobierno valenciano señalaron que la sanción a Livermore era simplemente un apercibimiento por haberse retrasado en la presentación de la documentación que se le requirió tras su cese, en diciembre de 2017, relativa a su declaración de actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales.

Además de Livermore, desde la Generalitat se informó que otros ex altos cargos del Consell no habían cumplido con las normas que regulan el sistema de incompatibilidades, en unos casos por carencias en la documentación presentada (copia de las declaraciones tributarias de la renta, patrimonio y sociedades). Entre esos casos estaba Romeu y Torró, según se desprende ahora de la documentación que el Gobierno valenciano ha hecho llegar a Les Corts.

La OCCI desvela que el gerente de una empresa pública no presenta su documentación desde 2018

Otro caso registrado fue el de un directivo de una mercantil que en 2018 pasó a formar parte del sector público instrumental de la Generalitat, de tal manera que estaba obligado y no había presentado toda la documentación en abril. Ese directivo es el gerente del Pla Cabanyal Canyamelar SA, Vicent Gallart.

En el informe, respecto a la propia OCCI, el informe recuerda que la dotación de personal prevista para la oficina no se ha completado por la resistencia de la Conselleria de Hacienda, dirigida por el socialista Vicent Soler, a la hora de autorizar las contrataciones establecidas en los presupuestos de la Generalitat cuando en 2017 se decidió ponerla en marcha.