El Consell de Fabra encargó a una firma las respuestas en Les Corts a la oposición

Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat. / Irene Marsilla
Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat. / Irene Marsilla

Un expediente de enriquecimiento injusto revela que una ingeniería tiene que cobrar por las contestaciones a preguntas en la Cámara

JC. F. M. VALENCIA.

Un expediente de enriquecimienro injusto tramitado por el Gobierno del Botànic -pero que tiene origen en gastos que se produjeron bajo el Ejecutivo presidido por Alberto Fabra- revela que el último Consell del PP recurrió a una firma contratada para la asistencia técnica en el ámbito de los puertos, aeropuertos y costas para contestar preguntas parlamentarias. La conselleria de la que dependían esas competencias era la de Infraestructuras que, entre 2011 y 2015, dirigió la actual presidenta del PP valenciano y portavoz de ese grupo en Les Corts, Isabel Bonig.

La documentación a la que ha tenido acceso este diario detalla la tramitación de ese expediente de enriquecimiento injusto, el procedimiento con el que una administración abona un servicio prestado por una mercantil al margen de un contrato. Y detalla que a raíz de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, la Comunitat Valenciana adquirió la competencia «exclusiva» en materia de aeropuertos. La «carencia de medios» en el seno del Ejecutivo autonómico obligó, a finales de 2010, a acudir temporalmente a la contratación de servicios externos «para atender necesidades especializadas derivadas de las nuevas atribuciones en materia de aeropuertos. El 22 de noviembre se contrataba TYPSA -una de las ingenierías salpicadas en la investigación judicial abierta por las obras del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia-.

El contrato de TYPSA se suspendió a finales de 2012, pendiente de aprobarse una modificación del mismo. La modificación no llegó, pero la empresa siguió prestando sus servicios. Y esos son los que ahora debe abonar la administración autonómica, porque se prestaron sin constar contrato en vigor con la misma.

En la relación de esos servicios figura, en primer lugar: 'contestación preguntas parlamentarias'. La administración autonómica sitúa este trabajo y otros veinte que se desglosan en el capítulo de los 'informes técnicos', «con un precio de 2.000 euros la unidad». Entre esos documentos figura un 'informe de rentabilidad del aeropuerto de Castellón', el 'informe de certificación' de esa misma terminal y otro de autorización del aeródromo de Viver -cuya tramitación se ha visto salpicada por el caso Avialsa-. El Gobierno del Botànic ha decidido tramitar estos pagos excepto cuatro de ellos, al considerar que no están suficientemente justificados, por lo que la firma de ingeniería debe percibir un total de 31.937 euros por haber prestado estos servicios.

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