El Consell, en alerta por si Sánchez anuncia el viernes que desbloquea el extra FLA

El extra FLA para pagar el exceso de déficit se cayó el pasado mes de diciembre del acuerdo de la comisión delegada de asuntos económicos del ministerio de Hacienda. Desde entonces, el Gobierno valenciano ha venido alertando de las consecuencias de esa medida, y de que llegado el mes de julio, cuando se remite a las CCAA el 75% de ese fondo, la Generalitat no podría pagar a sus proveedores. Ese 75%, según concretó la consellera Ruth Merino la semana pasada, asciende a unos 1.900 millones de euros.

El Consell nunca ha acabado de creer que el Gobierno de Sánchez fuera capaz de dejar a las CCAA sin esos recursos que, en la práctica, derivarían en una situación financiera insostenible. De hecho, la deuda comercial de la Comunitat al cierre de marzo ya se situaba en 1.455 millones de euros.

Por ese motivo, el Gobierno valenciano sospecha que Sánchez se reserva para la Conferencia de Presidentes el anuncio del desbloqueo del extra FLA, es decir, que ese fondo también se utilizará para cubrir los excesos de déficit del ejercicio anterior. El de la Comunitat Valenciana rozó los 2.500 millones de euros. Según esa versión, el presidente del Gobierno se apuntaría el tanto de aparecer como el salvador de las cuentas autonómicas, a pesar de no impulsar la reforma de la financiación, no aprobar un fondo de nivelación, no actualizar las entregas a cuenta, no reasignar los fondos europeos para la dana y negar los recursos a fondo perdido para atender los gastos de la dana.

Y además, de no haber querido aclarar hasta ahora que ocurriría con esa fórmula para financiar la deuda comercial con los proveedores. Ni al Gobierno valenciano, al que se le ha venido remitiendo a la negativa de las comunidades presididas por el PP a sacar adelante la senda de estabilidad, ni al presidente de los empresarios valencianos, Salva Navarro, al que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha llegado siquiera a contestar a la carta que le remitió en enero y en la que le advertía de la situación límite que generaría el bloqueo del extra FL.A

La administración valenciana asume que la llegada de ese dinero, si finalmente se produce, será un visto y no visto, porque de inmediato se destinará a abordar esas deudas que ya se mantienen con los proveedores. Eso sí, en todo caso esa medida permitirá evitar una situación que dejaría sin servicios públicos básicos a los valencianos. Porque lo que está en juego, como ha veni0do explicando el Gobierno valenciano, son gastos relacionados con la sanidad, con la educación y con los servicios sociales. Sin esos recursos, se ha venido advirtiendo, el riesgo de colapso es más que real.

El ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero alegó hace pocas semanas que el extra FLA permanecía bloqueado a falta de un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los déficits acumulados por las CCAA en el ejercicio 2024. Las fuentes consultadas por este diario no han podido confirmar si ese informe ha pasado este martes por la mesa del consejo de ministros.

La misma fuente señaló que, en contra de los sostenido por la administración autonómica, «el perjuicio principal para las CCAA ha sido la negativa del PP a actualizar las entregas a cuenta (de la financiación autonómica). La Comunidad Valenciana habría recibido 814 millones si el PP no hubiera tumbado el RDL en enero».

El RDL es el Real Decreto Ley «ómnibus» en el que el Gobierno incluyó varios asuntos, y que el PP rechazó por esta en contra de algunos de ellos, como el traspaso al PNV de la sede del Instituto Cervantes en París. Las fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario remarcan además que el Ejecutivo central podría aprobar la actualización de las entregas a cuenta –están en vigor las de 2023- en el momento que quisiera. Y que si no lo hacía era por mero interés político.

El debate este viernes sobre financiación se producirá como consecuencia de la presión ejercida por las CCAA presididas por el PP. La propuesta inicial del Gobierno como asuntos a abordar en esa Conferencia de Presidentes se limitaban al debate sobre la vivienda y al de la Formación Profesional y Universitaria.