El consejo de Divalterra da largas al cierre y aprueba auditorías para tres años

Maria Josep Amigó saluda a Toni Gaspar en el pleno de la Diputación de ayer. / damián torres
Maria Josep Amigó saluda a Toni Gaspar en el pleno de la Diputación de ayer. / damián torres

Saca adelante casi cuarenta acuerdos de la gestión de la empresa que permanecían pendientes desde la 'operación Alquería'

JC. FERRIOL MOTA VALENCIA.

El consejo de administración de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, aprobó ayer la destitución de los responsables de la empresa investigados en la 'operación Alquería'. Los dos cogerentes, Agus Brines y Xavi Simó, y el secretario del consejo, Jorge Cuerda. La reunión sirvió, al mismo tiempo, para sacar adelante muchas de las contrataciones necesarias en el día a día de la gestión de la empresa de la corporación provincial. De hecho, de los casi cuarenta puntos que componían el orden del día, todos menos dos correspondieron a ese tipo de acuerdos que, en condiciones normales -con la cogerencia funcionando- no habrían pasado por el consejo de la empresa.

Uno de esos acuerdos fue la ratificación del pliego de contratación de una firma que se encargará de realizar las auditorías de Divalterra durante tres años: 2018, 2019 y 2020. La empresa de la Diputación dispone de un auditor interno -aunque la plaza está vacante en la actualidad- y es además auditada por una firma externa, que es la que se encarga de confirmar el cumplimiento de la legalidad en los procesos de contratación de la empresa. Algunos de los informes de auditoría elaborados hasta la fecha constataron la mayor parte de las irregularidades que, durante la primera mitad de la legislatura, derivaron en la destitución como cogerente de Víctor Sahuquillo.

Pero lo más significativo de la contratación de auditorías para los próximos tres años es que la decisión se produce sólo tres días después de que la presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, anunciara en nombre del equipo de gobierno de la institución provincial el «cierre ordenado» de Divalterra. Un anuncio que, es verdad, no concretó la fecha en la que se produciría el desmantelamiento de la firma. Pero que queda en entredicho al contratar auditorías para los próximos tres ejercicios, circunstancia que permite concluir que durante ese periodo de tiempo la firma mantendrá actividad.

Fuentes del equipo de gobierno sostienen que el acuerdo demuestra las dificultades del cierre

Las fuentes del equipo de gobierno de la corporación provincial consultadas por este diario señalaron ayer que lo que este acuerdo demuestra es la dificultad jurídica para llevar a cabo el cierre de la empresa. «Ni aunque se decidiera hoy el cierre inmediato de la empresa se habría podido liquidar del todo antes de ese año», se remarcó.

En un momento de la reunión del consejo se permitió la entrada de os miembros del comité de empresa de Divalterra. Amigó les trasladó un mensaje de tranquilidad respecto al futuro de la empresa e incluso deslizó que habían sido los medios de comunicación los que habían amplificado su anuncio del cierre.

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