La concejal de Podemos guarda silencio ante el juez por el mapa escolar

La candidata de Podemos al Ayuntamiento, junto a su abogado, camino del juzgado. / damián torres
La candidata de Podemos al Ayuntamiento, junto a su abogado, camino del juzgado. / damián torres

La jefa de servicio reconoció que no tenían constancia de los gastos que el profesor de Podemos cargaba al convenio

A. RALLO

valencia. María Oliver se ajustó ayer al guión. La concejal de Educación compareció en el juzgado de Instrucción 19 de Valencia como investigada por el convenio que firmó con la Universitat para la elaboración de un estudio del mapa escolar. La edil se acogió a su derecho a no declarar, tal y como había avanzado en el escrito que presentó en el juzgado donde solicitaba un aplazamiento de su comparecencia. El motivo, legítimo pero poco jurídico, según le reprochó el juez, era que la declaración le iba a afectar en su faceta profesional por la relevancia mediática y la proximidad de las elecciones. En esa especie de ultimátum ya adelantaba que en caso de que se mantuviera la fecha se acogería a su derecho a no declarar.

La investigación acerca del destino de parte de los fondos municipales continúa en el juzgado. Recientemente acudió como testigo la jefa de servicio de Educación, subordinada de Oliver para aclarar algunas de las circunstancias en las que se decidió la elaboración del estudio así como su ejecución. Las pesquisas han revelado que José Manuel Rodríguez, profesor de Sociología y ex alto cargo de Podemos, utilizó los fondos municipales para comprar iPad, ordenadores, cámaras de fotos de 1.000 euros e incluso una mesa de reuniones. Los apuntes contables recogen, además, el pago de dietas y desplazamientos del docente a París a unas jornadas sobre la Europa insumisa.

La jefa de servicio indicó al juez que desde el Consistorio desconocen la realidad de los gastos cargados al proyecto. La Universitat sólo detalló los cargos a la cuenta tras la petición del juez. Pero el Ayuntamiento únicamente autorizó los pagos por nóminas y horas de trabajo de los docentes universitarios, que es lo que remitía el profesor investigado. LAS PROVINCIAS preguntó ayer si el Consistorio, a raíz de estos nuevos datos, ha reclamado a la institución académica explicaciones acerca de por qué el profesor camuflaba determinadas compras de artículos con horas de docentes. Al cierre de esta edición, fuentes oficiales de la Concejalía no respondieron a la consulta.