Compromís se resiste a los recortes y pide contratar más funcionarios

El conseller Soler, junto a otros cargos de su conselleria. /JESÚS SIGNES
El conseller Soler, junto a otros cargos de su conselleria. / JESÚS SIGNES

Oltra insiste en que se prime la reivindicación al Ejecutivo central antes de abordar ajustes y cierra la puerta a que el decreto se tramite este viernes

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

«La Comunitat Valenciana se compromete a adoptar medidas suficientes para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit en 2019». La primera frase del informe del Gobierno central sobre el último plan de ajuste remitido por el Gobierno valenciano al ministerio de Hacienda resultaba lapidaria. La propia Comunitat anunciaba medidas dirigidas a contener el gasto y aumentar los ingresos, junto a otros compromisos, para cumplir con la senda de estabilidad impuesta desde Europa. El propio documento reconocía, pocas páginas después, que la senda financiera de la Generalitat no invitaba al optimismo.

El ministerio de Hacienda reclama a la Comunitat 1.500 millones de euros en ajustes. La cifra es la única que permitiría contener el déficit hasta el 0,1% pactado por el Gobierno con las CCAA. Un recorte «imposible», en expresión de un cargo de la conselleria. En su lugar, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, trasladó ayer a la vicepresidenta Mónica Oltra y al vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, las bases para ejecutar el presupuesto, la denominación que hace referencia a los casi 440 millones de euros de retenciones de crédito con los que el Gobierno valenciano aspira a poder contentar al Ejecutivo central. No hay PGE de 2019, el de la Generalitat se hizo con una previsión de ingresos que no se podrá cumplir, y además las cuentas autonómicas se elaboraron sobre unos supuestos de gasto inferiores a los que el ansia expansiva del Botánico II acabó perfilando. «Es como tratar de soplar y sorber sopa al mismo tiempo, porque el mismo Consell acuerda con una mano medidas de reducción del gasto, y con la otra tramita acuerdos que lo disparan», admitió una fuente de forma gráfica.

Sobre la mesa, retenciones de crédito de 438 millones -319 de las consellerias y 119 de las empresas públicas, según ha venido publicando este diario- que deben ser consensuadas con los socios de Gobierno. Si no hay acuerdo, o si no fueran suficientes, el Consell no descarta medidas drásticas para reducir el gasto, como el cierre del presupuesto.

La propuesta de Soler, dirigida a que el decreto de recortes se apruebe en el pleno del Consell de este mismo viernes, tropezó ayer con el planteamiento de Compromís. En su reunión con Oltra y con el conseller Vicent Marzà, la vicepresidenta y líder de la formación nacionalista no sólo no abordó la cuantía o el reparto de esos ajustes, sino que planteó la necesidad de insistir en una senda, la de la contratación de más personal, que obviamente implicaría un aumento del gasto. Vicepresidencia del Consell emitió un comunicado al término de la reunión en el que se reivindica que las Consellerias puedan «contratar al personal funcionario previsto en el Capítulo I del presupuesto de la Generalitat Valenciana para poder mejorar la eficacia en la prestación de los servicios públicos tal y como se merecen los valencianos».

La posición de los nacionalistas defiende un cambio en el planteamiento del Consell ante el envite forzado por la falta de ingresos. Si es el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez el que obliga a acometer esos recortes, que el titular de Hacienda del Gobierno valenciano lo aclare. Y en segundo lugar, que la estrategia de reivindicación ante el Ejecutivo central sea la primera medida –incluida la exigencia de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera– y sólo después cabría plantear medidas de reducción del gasto. «Estas condiciones son el paso previo a cualquier tipo de negociación sobre el presupuesto de la Generalitat de 2019, que fue aprobado como norma con rango de ley por Les Corts, donde reside la soberanía del pueblo valenciano», recordó la formación nacionalista.

En el mismo documento, Compromís propone reivindicar ante el Gobierno de España en funciones «los ingresos correspondientes a las entregas a cuenta del modelo de financiación del ejercicio 2019, pero actualizadas a la recaudación real y que se cifran en 450 millones». Además, añade, también se ha trasladado a Soler «la necesidad de que el Consell reclame el pago de la parte autonómica de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno anterior se quedó y que asciende a 280 millones de euros».

La cuantía del ajuste, esos 438 millones de euros, se habrían calculado poco menos que de forma automática, al ser la cifra resultante de fijar las retenciones de crédito que no estuvieran todavía en fase de pago. No figuran, por tanto, aquellos créditos que ni siquiera figuren en esa fase –como los que se terminan abonando gracias a expedientes de enriquecimiento injusto–.

La conselleria de Hacienda, tras la reunión, emitió su propio comunicado para sostener que el Consell «seguirá trabajando» para abordar la situación creada por la falta de ingresos «y abordar con cirugía fina los ajustes necesarios».

En el texto se señala que se trata de una situación difícil, –«a nadie nos gusta, a mí el primero», señala la declaración del propio conseller–. «Somos un Gobierno responsable, que sabe afrontar las situaciones y estoy convencido de que encontraremos la manera de superar esta», añadió. De momento, el decreto de recortes no saldrá adelante en el Consell de este viernes.