Compromís quiere recolocar a la imputada de Divalterra en otra empresa pública

Agustina Brines, exgerente de Divalterra, tras ser puesta en libertad el pasado junio. / jesus signes
Agustina Brines, exgerente de Divalterra, tras ser puesta en libertad el pasado junio. / jesus signes

Los nacionalistas frenan a última hora el nombramiento de la exgerente de la firma investigada en el caso Alquería tras la presión de la oposición

Arturo Cervellera
ARTURO CERVELLERA

Agustina Brines, exgerente de Divalterra a propuesta de Compromís, fue detenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 26 de junio en el marco de la operación Alquería. En este caso se vieron implicados cargos de PSPV y Compromís de la Diputación de Valencia entre los que destacó Jorge Rodríguez, entonces presidente de la institución provincial, que se vio obligado a dimitir. Desde Compromís se trató ayer que Brines, que también fue forzada a dejar su cargo en Divalterra, volviese a cobrar un sueldo público al tratar de recolocarla en una empresa pública de Burjassot como gerente pero la presión de miembros de la oposición presentes en la reunión obligó a los nacionalistas a posponer la decisión.

La dirigente de Compromís, imputada por un supuesto caso de prevaricación y malversación de caudales públicos, iba a estar a cargo del Centro de Empleo, Estudios y Formación (CEMEF) del municipio valenciano. La decisión, que estaba fijada en el orden del día, iba a ser tomada ayer en el consejo de administración de la empresa pública que preside Emili Altur, concejal de Compromís en Burjassot y también vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia, donde estaba empleada antes Brines. En este órgano están presentes concejales del PSPV, que encabeza el Ayuntamiento de la localidad, y su apoyo era imprescindible para que la votación saliese adelante y también cuentan con representación formaciones de la oposición como el PP y Ciudadanos, que presionaron en la reunión de ayer para que este nombramiento no se materializase.

La posible incorporación de Brines a la gerencia de la empresa quería ser justificada con el argumento de que el anterior administrador terminaba su mandato. Además, tal y como se indicó a los miembros del órgano de dirección, se pretendía «actualizar e introducir procedimientos y mecanismos de organización y control que hagan de esta una mejor gestión estratégica optimizando los recursos» y por ello se insistía en «aconsejar nuevos perfiles directivos». Tras la tensa reunión de ayer, la decisión sobre si Brines será fichada o no se pospuso hasta un próximo encuentro.

La exgerente de Divalterra ya trabajó en CEMEF en el pasado como responsable de Recursos Humanos y pidió una excedencia en 2015 para incorporarse a la firma de la Diputación de Valencia. Cuando estalló la operación Alquería, el Bloc, partido mayoritario dentro de Compromís al que pertenece Brines, decidió que la dirigente nacionalista debía dejar su puesto tanto en Divalterra como en la formación hasta que declarase ante el juez. Una situación que aún no se ha producido pero que parece que no era motivo para que Brines no ocupase un puesto público. En una situación similar se encuentra Jorge Rodríguez, que pese a que también se encuentra investigado, será el candidato del PSPV a la alcaldía de Ontinyent.

Críticas de Ciudadanos

Desde el grupo municipal de Ciudadanos arremetieron ayer duramente contra el intento de que Brines fuese la gerente de la empresa pública de Burjassot. El concejal David Sánchez aseguró que este «nombramiento era imprudente puesto que no ha habido cambios en la situación procesal de la nueva gerente» y añadió que sería «inaudito que la persona que no era válida para la empresa pública de la Diputación de Valencia ahora sí que lo fuese para la empresa pública de Burjassot».

El edil informó que desde el partido ya solicitaron en junio «que se revisaran las contrataciones realizadas por Agustina Brines a lo largo de los ejercicios en los que ostentó cargos de responsabilidad en el CEMEF por si se detectaran indicios de irregularidades». Además, no dudaron en felicitarse «por paralizar» un nombramiento que consideraron propio de la vieja política y no de las demandas de regeneración democrática que exige la ciudadanía.