Compromís afea la falta de sentencias en valenciano sin aportar medios

Difícil potenciar el uso del valenciano cuando apenas se cuenta con medios para disponer de escritos jurídicos normativizados, una situación que se prolonga durante la legislatura, a pesar de las promesas de potenciar la asesoría lingüística de las partidas judiciales en la Comunitat.

La polémica registrada en Benidorm, cuando en 2016 se debatió sobre si era factible (lo era, pero suponía reclamar una traducción) presentar el escrito de un abogado en valenciano, propició la reacción de Puchades, que prometió una mejora de los medios. Entonces, en la Ciudad de la Justicia de Valencia se contaba con una traductora al valenciano. Actualmente, según confirmaron a este periódico fuentes de la Generalitat, hay dos. En realidad, sigue estando la misma traductora al valenciano junto a otra al francés que, no obstante, también está capacitada para trasladar los escritos jurídicos a la lengua autóctona.

En cualquier caso, las mismas fuentes vinculadas al Consell admiten que «no hay demanda» en el sector de los tribunales de textos en valenciano. En cualquier caso, fuentes del ámbito judicial recuerdan que los jueces son funcionarios del Estado, no autonómicos, y que el personal de los tribunales se mueve en el ámbito nacional tras aprobar oposiciones también estatales. El valenciano es un mérito y no una obligación, a pesar del agravio que trasladan Puchades o Morera en las redes sociales.

«Podemos promover el uso del valenciano pero toda la estructura legal está preparada para impedirlo. Todo lo que hacemos será en vano mientras no cambie la concepción supremacista lingüística del Estado español», señala Puchades en su cuenta en una red social en relación a la sentencia sobre el decreto 61/2017. Por su parte, el presidente de Les Corts se pregunta: «¿Cuantos escritos, interlocutorias, sentencias, ha hecho el TSJCV en valenciano? Yo de tuits no he visto ninguno. Y llevamos más de 30 años de Llei d'Ús i Ensenyament del valencià. Creo que es una grave injusticia y cada día se vulneran derechos. ¿Hace falta recordar que el valenciano es lengua oficial?». Desde el ámbito jurídico valenciano, las manifestaciones de estos dos altos cargos de Compromís y de la Generalitat, así como de otras cargos públicos de la formación nacionalista, han causado mucho malestar, además de sorpresa porque contrasta con la falta de medios para potenciar ese cambio.

Fuentes judiciales de la Comunitat coinciden con las del Gobierno autonómico al recalcar la «falta de demanda» por parte de abogados, fiscales, peritos a la hora de utilizar el valenciano. Igualmente, se recuerda que los jueces son funcionarios del Estado y que si alguien pide algún tipo de texto jurídico en la lengua autóctona, se encarga a los servicios de traducción, que están como están, y forman parte de esa «estructura legal» que critica Puchades pero que, en el caso de la asesoría lingüística, es de su competencia. «El porcentaje de letrados que presentan escritos en valenciano es ínfimo», afirman fuentes judiciales, si bien señalan que sindicatos como el STEPV sí lo hace de manera habitual.