Un voto particular en el Comité Económico critica la reversión de las residencias

La consellera de Igualdad, Mónica Oltra. / EFE
La consellera de Igualdad, Mónica Oltra. / EFE

El grupo de la patronal que participa en el CES cuestiona los argumentos de Oltra para retirar la gestión privada de los centros públicos y pide suprimir la medida

Burguera
BURGUERAValencia

El dictamen del Comité Económico y Social (CES) sobre la Ley de Acompañamiento cuenta con un voto particular que se desmarca por completo de la medida incluida en el anteproyecto de esa normativa por la cual se apuesta por revertir la gestión de las residencias. La iniciativa la impulsa la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La discrepancia la rubrica el Grupo II del CES, compuesto por los representantes en el organismo a propuesta de la CEV. La iniciativa de la conselleria de Mónica Oltra está tropezando con buena parte de los órganos consultivos estatutarios. Por un lado, debido a las cuestiones técnicas relacionadas con el futuro de la plantilla (el Consell Jurídic Consultiu presenta serios reparos sobre el modo en que se pretende asumir a las plantillas de las residencias como trabajadores de la Generalitat), que no convence en absoluto. La patronal no se resigna a la reversión. La filosofía de la medida tampoco se da por buena entre algunos miembros del CES, los representantes de la CEV, que ya el viernes de la semana anterior emitió un comunicado crítico con la reversión, pocos días después de que AERTE, asociación que concentra a las empresas del sector, también rechazase la medida.

El Grupo II del comité consultivo registró el pasado 23 de octubre su voto particular de disconformidad. Oltra está forzando la maquinaria del Consell para sacar adelante una iniciativa que tampoco entusiasma a los socialistas en el Consell.

Los miembros de la patronal en el CES piden auditar la calidad sin prejuzgar quién gestiona

El artículo 40 de la Ley de Acompañamiento hace referencia a los «efectos en materia de personal y de bienes por la extinción de contrato de gestión integral de centros de titularidad pública en el ámbito de la diversidad funcional». Alude a la necesidad de revertir al ámbito público la gestión privada de estos centros de titularidad pública (la gran mayoría) «por no resultar conveniente para el interés público en este sector de población especialmente vulnerable (...) una gestión indirecta del servicio público de naturaleza contractual». El artículo hace mención expresa a que la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS), «se subrogará en la condición de empleador que las empresas contratistas tengan». Se advierte de que «finalizado el plazo de duración del contrato de gestión integral del centro de titularidad pública, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados».

La propuesta impulsada por Oltra se encontró con el rechazo del PSPV, que durante meses han tratado de rebajarla desde el Consell. Incluso llegó a retirarse de una reunión de subsecretarios, el 'consellet', previa al Consell donde finalmente, a la semana siguiente, se aprobó.

La medida implica, además, la incorporación al sector público de los trabajadores de los centros, una inclusión que cuestiona el Consell Jurídic por considerar que permite convertir en funcionarios de manera irregular a cerca de 3.000 trabajadores que actualmente son empleados en centros residenciales gestionados por empresas privadas. Precisamente, desde el CES, el voto particular cuestiona la idoneidad de esa reversión. Firmado por Ricardo Miralles, miembro del CES a propuesta de la patronal y responsable de la Comisión Económica del órgano consultivo, el voto particular del Grupo II lanza una enmienda a la totalidad de la iniciativa. En el escrito donde solicita que quede constancia de su discrepancia se considera que «la gestión directa no es garantía de conveniencia para el interés público. Los únicos elementos que garantizan la calidad son los indicadores objetivos de servicio y la evaluación y seguimiento de los mismos. Con esos datos se puede valorar qué centros funcionan de manera excelente, cuáles deben mejorar y en qué puntos concretos; sean públicos o privados».

El voto particular en el organismo estatuario ensalza el servicio que dan las concesionarias

Los miembros del CES recuerdan, por tanto, que el interés público se sustentan en la calidad del servicio y no en quién lo realiza. En este sentido, señalan que es la propia Generalitat la responsable de controlar las concesiones, afirman que las concesionarias «están prestando los servicios con calidad, eficiencia y satisfacción de sus usuarios. Este sistema basado en la evaluación y seguimiento de indicadores objetivos de servicio es el idóneo y conveniente para el interés público».

«No se puede utilizar la vulnerabilidad de las personas atendidas como argumento para justificar la exclusión de la iniciativa privada en la gestión (...) resulta imprescindible, por el interés general, que se continúe apostando por el modelo de colaboración público privada en la gestión de los servicios públicos fundamentales en general y en los servicios sociales en particular».

Por tales argumentos, desde el Grupo II del CES se entiende que sería necesario «suprimir» esa reversión. En este sentido, los miembros del organismo consultivo solicitan que conste el voto particular en el dictamen aprobado en el comité, y acompañe al anteproyecto de Ley de Acompañamiento durante su tramitación.

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