Ciudadanos pide en el Parlament que se deje de subvencionar a Acció Cultural

Sede de Acció Cultural del País Valencià. / Juan J. Monzó
Sede de Acció Cultural del País Valencià. / Juan J. Monzó

El partido naranja insta al Gobierno catalán a que no pague la hipoteca de la sede de la entidad catalanista

A. C. VALENCIA.

Las ayudas concedidas desde el Gobierno catalán a entidades afines instaladas en la Comunitat desde el departamento de Presidencia que encabezada Carles Puigdemont y que ahora lidera Quim Torrra es un tema que preocupa al grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament. Desde el partido que dirige Inés Arrimadas en la comunidad autónoma vecina se reclama que el Ejecutivo catalán deje de subvencionar a una de las asociaciones que recibe este dinero, la catalanista Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

Tal y como informó LAS PROVINCIAS, Puigdemont pagó 654,000 euros a la entidad que preside Joan Francesc Mira dos meses antes del referéndum para financiar «la cuota anual del préstamo hipotecario derivado de la compra del edificio 'El Siglo' correspondiente a 2017». Una práctica que ya había sido habitual en anteriores ejercicios. Estas ayudas directas concedidas llevaron a Ciudadanos a presentar una propuesta de resolución en la que se instaba al Gobierno catalán a «no crear redes clientelares fuera de Cataluña» y se pedía «no subvencionar la entidad Acció Cultural del País Valencià» y destinar este dinero a otros fines.

En la iniciativa parlamentaria también se proponía «no hacerse cargo del crédito hipotecario del antiguo edificio 'El Siglo'» y no subvencionar otras entidades como Escola Valenciana, que indican que recibió 120.000 euros en el segundo semestre de 2016. Además, recuerdan que en este mismo período la cantidad que fue destinada a ACPV fue mucho mayor, de 1.316.204 euros, tal y como se refleja en el Diario Oficial de la Genetalitat de Cataluña (DOGC). La propuesta de resolución de la formación de Albert Rivera fue presentada el pasado 28 de febrero, cuando aún no estaba constituido el Gobierno catalán. La Mesa del Parlament admitió a trámite la propuesta por lo que desde Ciudadanos esperan que el debate pueda ver la luz en los próximos meses.

La formación de Rivera también critica que se haya dado ayudas a Escola Valenciana

Más recientemente, el pasado 19 de junio, el diputado naranja Matías Alonso volvió a recuperar el tema con una pregunta escrita dirigida al Gobierno catalán. Alonso solicitaba que se le informase sobre «la continuidad de subvencionar el préstamo hipotecario firmado con ACPV y la Institución Cívica y de Pensamiento Joan Fuster para la compra del edificio 'El Siglo'». En el mismo texto se reclamaba saber qué año finalizaría la amortización de este préstamo. Pese a que ya han transcurrido casi dos meses desde que fuera formulada esta pregunta, aún no ha llegado una respuesta desde Presidencia.

Desde el año 2008 y de forma ininterrumpida, ACPV ha recibido entre 650.000 y 805.000 euros para hacer frente a una hipoteca a la que las arcas públicas catalanas ya han desembolsado 7,28 millones. Por ello, no es de extrañar que el parlamentario y Secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, Joan García, haya denunciado que estas ayudas del Gobierno catalán son «para defender un golpe de estado». «Ya estamos acostumbrados. Nos indigna pero no nos sorprende. Es lo que siempre comentamos. Estas subvenciones se esconden tras una supuesta finalidad cultural, pero se trata de un movimiento político. La relación del Govern con ACPV viene de lejos. Lo que hacen es inflar a las entidades afines para crear una sociedad civil subvencionada al margen de lo que no es independentismo y que se pone a las órdenes del Govern. Acció Cultural es uno de sus aliados subvencionados por el Govern» señaló García.

Ciudadanos, cuando habla del apoyo al independentismo, se refiere a actos que han sido impulsados por ACPV en los últimos meses. Entre ellos destacan visitas a los políticos presos, comunicados a favor de la libertad de los mismos y denuncias de represión, el impulso de concentraciones y movilizaciones a favor del proceso soberanista y en contra del Gobierno central e incluso la contratación de autobuses para la Diada del año 2017.

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