El Govern dice que pagar la sede de ACPV permite promocionar el catalán

Alfonso, Cantó, Serra y Giner, el 1 de marzo ante la Fiscalía de Cataluña tras la denuncia. /LP
Alfonso, Cantó, Serra y Giner, el 1 de marzo ante la Fiscalía de Cataluña tras la denuncia. / LP

La consellera de Presidencia del Consell de Torra se limita a proclamar que las ayudas que ya investiga el fiscal «se rigen por la ley»

JC. F. M. / EFEvalencia / Barcelona

Pagarle la hipoteca a una entidad privada que además tiene su sede en otra comunidad autónoma permite «defender la promoción del catalán». La explicación, sin muchos más detalles, la ofreció ayer Meritxell Budó, consellera de Presidencia y portavoz del Govern que dirige Quim Torra. La dirigente independentista se limitó a proclamar que las ayudas que vienen prestando los Gobiernos catalanes a las entidades impulsadas por Eliseu Climent «se rigen por la ley», a pesar de que la fiscalía de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia presentada por Cs y ya investiga los más de 6 millones de euros concedidos en los últimos años sólo para hacer frente al pago de la hipoteca del Centre Octubre, ubicado en la calle de San Ferran en Valencia.

Budó se pronunció en estos términos a preguntas de la diputada de Cs en el Parlament de Cataluña Sonia Sierra, una de las firmantes de la denuncia presentada el pasado 1 de marzo ante la Fiscalía Superior de Cataluña -junto al también diputado catalán Matías Alonso, al candidato de Cs a la alcaldía de Valencia Fernando Giner y al aspirante a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó-. Sierra, en su intervención, proclamó que «hay cosas que huelen bastante mal» en las subvenciones del Gobierno catalán a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y señaló: «Fíjese que soy filóloga y no se me ocurre cómo se puede promocionar el catalán pagando un edificio a una entidad privada». «Es una auténtica vergüenza», añadió la diputada de Ciudadanos.

Cs denunció que se había aportado más de diez millones de euros para hacer frente a la hipoteca

En su escrito, los representantes de Cs subrayaban que los sucesivos Gobierno catalanes habían venido concediendo subvenciones que superaban los 10 millones de euros para atender el pago de esa hipoteca, así como de ayuda para los actos realizados en el mencionado edificio. La denuncia presentada por Cs hacía referencia únicamente a las subvenciones concedidas desde 2008. El texto de la denuncia alertaba de la «inexistencia de causa de interés público alguno» que justificara las subvenciones, así como de la «grave vulneración de los requisitos legales» para la concesión de subvenciones con dinero público.

La formación naranja atribuía al Govern catalán una «aparente tramitación administrativa» que, en realidad, escondía «lo que es una auténtica donación encubierta» que, al mismo tiempo, esquivaba y orillaba «los estrictos requisitos legales que se imponen a las autoridades» para conceder este tipo de ayudas.

Cs detectaba una «artificiosa e injustificada» exclusividad para ACPV y la Institución Joan Fuster, dos instituciones privadas -se recordaba- que disfrutan de subvenciones de la administración catalana para el pago de una sede que en ningún caso está previsto que pase a formar parte del patrimonio de la Generalitat de Cataluña.

ACPV recibe importantes cantidades de dinero de Cataluña desde la época de Jordi Pujol

El pasado 3 de abril, la Fiscalía Superior de Cataluña dictó una diligencia por la que ordenó abrir una investigación sobre las subvenciones que la Generalitat de Cataluña había venido concediendo a ACPV y a la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, dos de las entidades impulsadas por el polémico editor Eliseu Climent, y que han venido sirviendo para afrontar el pago de la hipoteca correspondiente a la adquisición y reforma del edificio El Siglo.

El ministerio público catalán, que remite las actuaciones al Fiscal Jefe de Barcelona «por ser el competente en los hechos denunciados».

Consell de Transparencia

Giner también ha presentado una denuncia ante el Consell de Transparencia para obligar a ACPV a revelar las ayudas públicas que recibe. La formación naranja subraya que la entidad impulsada por está obligada a cumplir lo que establece la Ley de Transparencia, que obliga a las entidades que perciben dinero público a detallar este tipo de información.

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