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A. RALLO
VALENCIA.
Sábado, 7 de diciembre 2019, 20:00
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El último caso de abusos sexuales en un centro de menores ha tenido dos particularidades al margen de la cuestionada actuación de la Administración. Por un lado, el hecho de que el entonces acusado Luis Icardi -condenado a cinco años de cárcel- fuera pareja de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el periodo en el que se produjeron los abusos, aunque el entorno de la vicepresidenta precisa que ya no convivían. Y, por otro, la extraña circunstancia que se produjo antes de la vista al descubrir la presidenta del tribunal que la menor estaba esposada en las dependencias. Este hecho generó numerosas reacciones por parte de la Audiencia, el TSJ e incluso la Conselleria de Justicia, que pidió un informe al comisario sobre la actuación de los agentes. Los profesionales de la Policía Autonómica son los responsables que tienen atribuida esta competencia.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recibió recientemente el informe del alto tribunal donde se detalla el incidente. La reacción será enviar una circular o instrucción a los centros para que desde ahora deban informar a los agentes de la condición en la que los menores serán trasladados a dependencias judiciales así como el régimen en el que se encuentran.
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La adolescente víctima del exmarido de Mónica Oltra estaba en un centro de reforma -diferentes a los de acogida donde sucedieron los hechos- pero en un régimen en el que no estaba totalmente privada de libertad.
La sentencia menciona el desagradable episodio que sufrió la joven en la Ciudad de la Justicia. La magistrada relata cómo la menor aguardaba su comparecencia en el juicio custodiada por dos policías y por personal de la oficina de Atención a las Víctimas del Delito «por lo que no existía riesgo alguno de que pudiera fugarse de la sede judicial». La presidenta pidió que le retiraran las esposas, pero los agentes se negaron. «Esto produjo una nueva victimización de la niña con clara infracción de sus derechos a recibir el apoyo, asistencia y trato respetuoso por todas las autoridades». Los agentes se defendieron con el argumento de que no sabían en qué condición iba la adolescente al juicio -aunque al ser menor y celebrarse en la Audiencia sólo podía tratarse de una víctima-. Pero ignoraban ese dato. Nadie del centro les trasladó esa información. Sindicatos policiales defienden que, en ocasiones, para reducir el riesgo de fuga en los traslados de menores sí se emplean estos dispositivos.
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La Conselleria de Justicia, liderada por Gabriela Bravo, también tomó cartas en el asunto al considerar inadmisible el trato dispensado a la menor. De inmediato, solicitó un informe al comisario que dirige la Policía Autonómica y envió el dosier al Ministerio del Interior que es de quien dependen los protocolos de actuación. De igual modo, remitió también el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el incidente. El órgano de gobierno de los jueces, además, acordó tratar este asunto en la comisión de seguridad.
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