Cacsa aprueba pluses para su personal sin el visto bueno de la Generalitat

La Intervención General de la Generalitat no se anda con rodeos en su informe y califica de «desfavorable» la gestión del personal de la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante el ejercicio de 2018. El órgano inspector relata una serie de irregularidades en la sociedad pública que demuestran que los gestores toman decisiones al margen de la conselleria de Hacienda y de otras áreas del Gobierno valenciano que debería autorizar varias de las medidas adoptadas en los últimos meses. Uno de los aspectos más cuestionados es el de los complementos que perciben en la nómina varios de los empleados de Cacsa. «La sociedad paga, desde hace varios ejercicios, complementos personales según el puesto de trabajo, reconocidos a los empleados en sus contratos laborales o en adendas de reconocimiento. Para el abono de esos complementos no se ha solicitado el preceptivo informe previo de la conselleria de Hacienda», señala el informe de la Intervención.

Entre esos pluses se encuentra el de disponibilidad horaria, que en 2017 llegó a repartir más de 9.500 euros entre ocho empleados. El complemento de dirección es de 278,28 euros abonado en 14 mensualidades y se han llegado a gastar más de 14.000 euros a favor de cinco trabajadores. Hay otros pluses de movilidad horaria a razón de 124 euros al mes y uno de responsabilidad que superó los 1.100 euros al año. En total, en 2017 los complementos superaron los 38.148 euros. Además, se incide en otras irregularidades de relevancia para calificar de manera desfavorable la gestión de personal en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El informe destaca que la sociedad se rige por tres convenios colectivos diferentes y que ninguno de ellos cuenta con el informe favorable del área de Hacienda de la Generalitat.

Además, la masa salarial no está autorizada por la dirección general de Presupuestos y tampoco existe una relación de puestos de trabajo supervisada por la dirección general del Sector Público. Dos debilidades que impiden a la Intervención hacer una radiografía exacta de las retribuciones de la sociedad pública de la Generalitat.

La última de las salvedades detectada para argumentar la posición en contra del órgano inspector apunta a las deficiencias localizadas en los procesos de contratación de personal. La empresa pública no da publicidad a los criterios de evaluación de los méritos solicitados para cubrir los puestos «y tampoco reciben la publicidad adecuada los resultados de los procesos selectivos así como la selección definitiva de la persona que va a cubrir el puesto». De esta manera, se destila cierta opacidad en la actuación en la gestión de personal por parte de Cacsa.

La Intervención, en el apartado de recomendaciones, reclama a la empresa pública que pida a la conselleria de Hacienda un informe preceptivo sobre el convenio colectivo que debe aplicar a la plantilla. Además, reclama que todas las retribuciones que se abonen cuenten con el soporte necesario en los convenios. También exige un informe favorable de la relación de puestos de trabajo y de la masa salarial aplicada. Además, exige que se dé publicidad a los procesos de selección y que se informe de los méritos y de las puntuaciones que se otorgan en la distintas fases que se superan para cubrir un nuevo puesto de trabajo. La sociedad Cacsa, en la memoria del ejercicio, defiende que se ha incrementado el volumen de trabajo, lo que ha obligado a readaptar funciones y departamentos.