Bravo deja sin fondos el Instituto de Memoria al año de aprobar la ley

Gabriela Bravo se dirige a la tribuna de Les Corts. / irene marsilla
Gabriela Bravo se dirige a la tribuna de Les Corts. / irene marsilla

Una transferencia de crédito suprime los 408.000 euros de esa línea, así como los 60.000 para entidades mediadoras

JC. F. M. VALENCIA.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó en su edición de ayer un acuerdo de la consellería de Hacienda por el que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo II al IV del programa Reformas Democráticas y acceso a la Justicia. El cambio, dirigido a reforzar los fondos con los que se dota a los Consejos Valencianos de Colegio de Abogados y de Procuradores, supone, no obstante, vaciar por completo dos líneas de subvención, que de hecho quedan suprimidas: la de la 'subvención a entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana' y la del 'Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas'.

Este segundo caso resulta especialmente llamativo. El Gobierno valenciano aprobó hace poco más de un año la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana. La norma, nacida con la voluntad de 'mantener en la memoria a las víctimas -de la Guerra Civil y la posterior dictadura-, reconocer su dignidad, es el mejor freno para detener el temor y el miedo a que los hechos que convulsionaron nuestra historia vuelvan a suceder en el futuro' se explica en su exposición de motivos. Se trata de una de las normas con mayor carga ideológica del Consell presidido por Ximo Puig. 'Por una parte, se pretende cumplir con las obligaciones que tiene la Generalitat Valenciana con las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y también con sus familiares. Por otra, se aspira a profundizar en los principios y valores democráticos', se añade en la misma exposición de motivos.

El propio presidente de la Generalitat ha asegurado que recuperar la memoria democrática era «la forma más firme de asentar la convivencia». Como uno de los órganos clave de esta norma, el Instituto para la Memoria Democrática, al que la ley dedica todo su capítulo segundo, con el objetivo del 'estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en esta ley'. Entre otras, la elaboración de un censo de víctimas y las actividades necesarias para llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. El pasado mes de abril, el jefe del Consell anunció formalmente que la sede del Instituto se ubicaría en la ciudad de Alicante. El decreto que debe de aprobar los estatutos del citado Instituto es, por ahora, un borrador.

El DOGV publicó ayer la ley de mediación, el mismo día que se suprimieron los 60.000 euros de ayuda

La modificación publicada ayer retira del citado instituto los 408.720 euros con los que estaba dotado en el presupuesto -prueba inequívoca de que no se han utilizado-. También vacía los 60.000 euros de la línea de subvenciones a entidades mediadoras. Casualmente, el mismo DOGV publicó ayer la ley de mediación de la Comunitat, que se quedan sin subvención.

 

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