Bravo cuela cambios en la ley de Función Pública mientras la reforma sigue paralizada

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una comisión de Les Corts. / efe/kai försterling
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una comisión de Les Corts. / efe/kai försterling

Aprovecha la ley de acompañamiento para abrir la puerta a cubrir puestos de funcionarios con personal ajeno a la Administración del Consell

JC. FERRIOL MOYA VALENCIA.

El anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2019 -la norma que prevé las modificaciones legales necesarias para poder ejecutar las disposiciones previstas en las nuevas cuentas- introduce una significativa modificación en la ley de Función Pública. La modificación implica abrir la puerta a cubrir puestos de funcionarios con personal ajeno a la Administración del Consell en los departamentos de Educación, Sanidad y Justicia. El cambio es llamativo, tanto por el contenido en sí como por el hecho de que el Gobierno valenciano tiene paralizada la reforma de la ley de Función Pública, que entre otros aspectos debe regular el establecimiento del requisito lingüístico.

La modificación que propone el departamento que dirige Gabriela Bravo afecta a tres artículos de la ley de Función Pública en vigor, y crea una nueva disposición transitoria. El texto hace referencia a que en las consellerias con competencias en materia de Educación, Sanidad y Justicia «las relaciones de puestos de trabajo podrán prever, en puestos con el rango de subdirección general o jefatura de servicio, la clasificación de puestos para su provisión por personal sanitario, docente y de la administración de Justicia, respectivamente, atendiendo a la especificidad de las funciones que deban desempeñarse». Hasta la fecha, esos puestos de trabajo -el máximo nivel dentro del escalafón que ocupan los funcionarios públicos- venían siendo ocupados por personal de la Administración del Consell. Con este cambio, la conselleria abre la puerta a que sea personal de la propia conselleria, pero no de la Administración General, la que asuma esas funciones.

El cambio es sustantivo y puede afectar a un buen número de puestos de dirección de las tres consellerias afectadas. Al hacerlo a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, el debate de la modificación es mucho menor que el que tendría, por ejemplo, una reforma únicamente de la ley de Función Pública.

Los puestos afectados son los de más nivel para funcionarios en Sanidad, Justicia y Educación

Y resulta más significativo si cabe porque el Consell tiene entre manos esa reforma, y sin embargo no termina de remitirla a Les Corts para su debate y aprobación. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en el reciente debate de política general celebrado en Les Corts que la reforma de esta ley se llevará a la Cámara antes de que acabe el año. Pero el anteproyecto de ley lleva aprobado desde enero de este año y todavía no ha llegado al Parlamento. Y presentarlo en la Cámara autonómica a finales de año complica muy mucho los plazos para la aprobación de la norma.

¿Y el retraso? La nueva ley de Función Pública, cuya tramitación parlamentaria sigue pendiente, establece entre otras cuestiones el marco normativo sobre el que se fijará, a través de un reglamento posterior, el requisito lingüístico para el acceso a la función pública. Este asunto fue objeto de serias discrepancias entre PSPV y Compromís que, no obstante, acabaron pactando introducir ese requisito en la nueva ley y fijar, en un posterior reglamento, los niveles de conocimiento del valenciano que serían necesarios para cada nivel. El retraso en la tramitación parlamentaria de la norma podría dejar este asunto sobre la mesa del Gobierno que salga de las autonómicas de 2019.

 

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