El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla
La operación bajo el foco de la Agencia Tributaria tuvo luz verde formal de la Generalitat cuando la Sociedad Estatal ya había acordado vendérsela
El Consell de Botánic pactó la adquisición por 23,9 millones de euros del edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia antes ... de disponer del informe encargado para justificar la compra, y que está ahora bajo la investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. De hecho, el Consell dio luz verde al coste de la operación dos semanas antes de disponer de un informe de la dirección general de Sector Público y Patrimonio «para determinar el valor actual del inmueble» y que concluía, tras una serie de valoraciones y referencias, su visto bueno a esos 23,9 millones de euros pactados previamente por Correos y la Generalitat.
La adquisición del edificio de Correos fue una de las principales operaciones de adquisición de patrimonio llevadas a cabo por el Consell del Botánico. ¿Cuándo? Las fechas son en este caso un facto determinante. El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., en reunión celebrada con fecha 25 de noviembre de 2021, aprobaba por unanimidad la enajenación mediante venta directa del citado inmueble ubicado en la plaza del Ayuntamiento número 24 de Valencia a favor de la Generalitat Valenciana, por un precio de 23.922.822,81 euros, bajo la condición de arrendamiento de un espacio de 823 m² dentro dicho edificio».
Correos daba luz verde a esa venta a la Generalitat el 25 de noviembre. Sólo una semana antes, el 18 de noviembre, la Generalitat adjudicaba a Interpreta Cultural Projects SL un contrato menor de 14.000 euros para la «elaboración de un proyecto básico de ideas para la conceptualización de una equipación social, cultural y económico (sic) en el antiguo edificio de Correos de Valencia». El plazo de ejecución del citado proyecto era del 19 de noviembre al 9 de diciembre.
Se trata del contrato por el que la ONIF de la Agencia Tributaria ha abierto una investigación y por el que ha solicitado no solo los contratos suscritos con la citada firma catalana «que amparen las relaciones comerciales mantenidas o las operaciones prestadas por la citada entidad», sino también copia de las facturas u otros documentos justificativos de las operaciones realizadas con esa entidad, identificación y justificación documental de los medios de pago utilizados, descripción detallada de las operaciones realizadas con la entidad «con aportación de presupuestos, correos electrónicos o cualquier otro soporte documental acreditativo de la realidad de las operaciones, indicando los medios empleados por la mercantil para su realización y detalles de la forma en que se contrataron esos servicios».
El citado «proyecto básico de ideas» de Interpreta Cultural Projects SL tiene fecha del mes de diciembre de 2021, según consta en el documento al que ha tenido acceso este diario. Y por tanto, es posterior a ese 25 de noviembre en el que Correos acuerda la venta a la Generalitat del inmueble por 23,9 millones de euros. Ese documento es posterior, igual que lo es el de la valoración económica que da el visto bueno, con 15 días de retraso, al coste de la operación al que el consejo de administración de Correos ya había dado luz verde el 25 de noviembre. Esa valoración económica es del 12 de diciembre. El 15 del mismo mes la dirección general de Sector Público y Patrimonio iniciaba el procedimiento para la adquisición directa del inmueble citado.
¿Y el dinero? El 17 de diciembre el Consell de Ximo Puig daba luz verde a una transferencia de créditos entre secciones y capítulos para incrementar el capítulo de inversiones del programa 612.30 «Patrimonio de la Generalitat» de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, por importe global de 23.322.823,00 euros. El dinero salía de partidas destinadas a la financiación de infaestructuras educativas de Primaria y Secundaria, así como de fondos para la renovación y mejora de infraestructuras deportivas municipales, así como del programa de fondos de financiación municipal para la adquisición y mejora de viviendas.
El visto bueno de la Abogacía a la compra directa, el 23 de diciembre
La abogada general de la Generalitat en la conselleria de Hacienda firmó el 23 de diciembre de 2021 el informe jurídico relativo a la propuesta de resolución del conseller de Hacienda y Modelo Económico «sobre adquisición directa de inmueble propiedad de la sociedad estatal de Correos y Telégrafos ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, 24». El documento, elaborado tras la remisión del expediente por parte de la subsecretaría «con carácter urgente», señala que se justifica la adquisición «en la monumentalidad del edificio y en la singulariodad de los elementos arquitectónicos que lo configuran, considerándose como bien susceptible de inclusión en nuestro inventario de Patrimonio Cultural y entendiendo que su titularidad debe corresponder al pueblo valenciano». La abogacía emite informe favorable a esa adquisición directa, que la subsecretaria justifica en base a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio, y en particular en que concurren dos circunstancias: la singularidad del bien o derecho que se pretende adquirir y cuando el propietario del bien o derecho que se pretende adquirir es otra administración pública. La abogacía de la Generalitat también remarcaba en su informe que la documentación que debí incorporarse al expediente de la adquisición debería incluir «una memoria en la que se justificará la necesidad o conveniencia de la adquisición, el fin o fines a que pretende destinarse el inmueble y el procedimiento de adjudicación que se pretenda seguir».
Las dudas sobre la celeridad del contrato y su adjudicación
La investigación abierta por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria pone el acento en la solicitud de información a la administración autonómica que acredite «la realidad de las operaciones» realizadas con Interpreta Cultural Projects SL. Las fechas de la presentación del presupuesto, de la adjudicación del contrato y el escaso plazo de entrega concedido son los que pueden estar haciendo sospechar a los 'halcones' de la Agencia Tributaria sobre un contrato cuyo resolución final fue un documento de 36 páginas, adjudicado a dedo, y por el que la administración autonómica pagó 14.000 euros sin contar impuestos.
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