Las bolsas de trabajo de À Punt, el 23 de julio en la Audiencia Nacional

Empar Marco. / IRENE MARSILLA
Empar Marco. / IRENE MARSILLA

El tribunal se declara competente para juzgar la demanda y abre la puerta a que los 400 afectados se personen en el procedimiento

REDACCIÓN

valencia. La Audiencia Nacional se ha declarado competente para juzgar la demanda de la Unió de Periodistes contra el baremo de las bolsas de trabajo de À Punt. El órgano judicial ha confirmado que la fecha del juicio será el próximo 23 de julio.

La decisión del alto tribunal pone fecha a uno de los frentes judiciales que tiene aún por delante la nueva televisión autonómica. El pasado 21 de mayo la Audiencia decidió suspender el juicio para poder citar a los 400 trabajadores afectados por si quieren personarse como perjudicados en el procedimiento, circunstancia ya había solicitado la propia Unió en su demanda, aunque À Punt no lo comunicó a sus trabajadores.

La Unió de Periodistes presentó en diciembre de 2017 un recurso contencioso-administrativo contra las bolsas de trabajo temporales de À Punt, en el que se exigió la suspensión cautelar del proceso de selección que se estaba llevando a cabo. La organización decidió pedir la paralización del proceso al considerar que se ha vulnerado el principio constitucional de igualdad al dar excesivos privilegios a los extrabajadores de RTVV en la convocatoria.

La Unió ya interpuso un recurso de reposición contra la resolución de la sociedad de convocar las bolsas de trabajo temporal y que fue rechazado por el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. El siguiente paso, tal como aprobó la organización mediante votación, era recurrir a los juzgados para impugnar el baremo que consideran «vulnera el principio de igualdad y cierra la puerta en la práctica al conjunto de periodistas que no han sido antiguos trabajadores de Radiotelevisión Valenciana», según explicó en su día la Unió.

Desde la asociación se ha apostado siempre por iniciar un proceso de negociación con el Consejo Rector para reconducir la situación y no terminar en los tribunales. Pese al intento de alcanzar un acuerdo, la nueva dirección del ente no ha tenido en cuenta las demandas del colectivo de periodistas. La asociación defendió que avaló la petición de la suspensión por «el riesgo de que una posible sentencia favorable a implantar un nuevo baremo menos discriminatorio pudiera ser inejecutable en un futuro». El otro frente judicial que afrenta la televisión pública afecta en primera persona a su directora general, Empar Marco, y al presidente del consell rector, Enrique Soriano.

Ambos declararán el próximo día 20 tras admitir una querella presentada por el PP en la que se denunciaban posibles irregularidades en la adjudicación en unos contratos.