El bloqueo del plan para agilizar pagos acerca el riesgo de intervención de la Generalitat
Compromís mantiene su no a que Hacienda cambie la fiscalización previa en los enriquecimientos injustos de Sanidad
El pleno del Consell celebrado el viernes 19 de octubre retrató, como ya había ocurrido el jueves en la reunión del consellet, las crecientes discrepancias existentes entre PSPV y Compromís en el seno del Gobierno valenciano. La contundente negativa de la formación nacionalista a dar luz verde a una propuesta de la conselleria de Hacienda para sustituir la fiscalización previa de la Intervención por un Control Financiero Permanente en los expedientes de enriquecimiento injusto en la conselleria de Sanidad obligó a dejar sobre la mesa el acuerdo. La consecuencia más inmediata, si los datos correspondientes al periodo medio de pago a proveedores de septiembre y octubre llegan como el de agosto, es que la Comunitat pasará a estar en riesgo de intervención por parte del ministerio de Hacienda.
La propuesta de la conselleria que dirige Vicent Soler, de la que ya informó ayer este diario, pretende acelerar el pago a los proveedores y contribuir a evitar que el periodo medio de pago engorde. La ley de Estabilidad Presupuestaria advierte de que si una administración pública supera dos meses consecutivos en más de 60 días el periodo de pago a sus proveedores, el ministerio de Hacienda puede actuar sobre ella -lo que se conoce coloquialmente como 'intervenirla'-, obligándole a adoptar una serie de medidas y condicionando su margen para adoptar decisiones en el presupuesto.
El Consell, de la mano del ministerio de Hacienda, viene negociando soluciones técnicas dirigidas a evitar que ese escenario de intervención llegue a producirse -entre otras razones porque la administración autonómica es muy consciente de que el cierre del ejercicio va a ser muy complicado-. La conselleria de Sanidad, por su volumen presupuestario y por la particularidad de su propia gestión, se encuentra en el centro de ese crecimiento del periodo medio de pago a proveedores. Encontrar cómo aligerar sus pagos resulta determinante. Y hacerlo ya es la única solución.
La intervención de la Generalitat por un Gobierno del PSOE favorecería a Compromís
Compromís justificó ayer su bloqueo con el argumento de que existe lo que podría considerarse como un trato de favor por parte de Hacienda hacia la conselleria de Sanidad, que dirige la socialista Ana Barceló, mientras que el mismo departamento mantiene sin tramitar una solicitud de ampliación de crédito de la conselleria de Igualdad por valor de 24 millones de euros y que, según se aseguró ayer, «pone en riesgo las nóminas de Dependencia de final de año». «Se pretende que Sanidad pague facturas en los cajones sin el visto bueno de la Intervención», llegó a afirmarse en relación con la supresión de la fiscalización previa -que, por otra parte, no existe en el sector público-.
Sin embargo, lo que implica que esa medida no llegue a aprobarse puede conducir a la Generalitat a una situación de bloqueo financiero. Sin medidas específicas para la conselleria de Sanidad -el Consell trabaja ya en un plan alternativo con el que se dotaría de más personal a los responsables de esa fiscalización previa con el objetivo de no retrasar los pagos-, el periodo medio de pago a proveedores seguiría disparado. Que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez pudiera intervenir la Comunitat se antoja como un escenario dramático para la Generalitat, pero muy en concreto para el PSOE, que gobierna en la Moncloa y que dirige la conselleria de Hacienda.
La discrepancia sobre esta medida en el consellet del pasado jueves se trasladó ayer al pleno del Consell. Fuentes de Compromís recordaron ayer que la propuesta no estaba en el orden del día de asuntos a tratar de la comisión del jueves, y remarcaron que era un tema «muy delicado, no de trámite». Además, remarcaron que se trata de fijar un procedimiento singular para la conselleria de Sanidad que no afectaría, por ejemplo, a la de Igualdad que dirige Mónica Oltra, «que tambien tiene un volumen importante de enriquecimientos injustos y que tiene que bregar con la Intervención». De hecho, la gestión de la vicepresidenta y consellera de Igualdad ha sido puesta en cuestión en más de una ocasión por el exceso del recurso a los enriquecimientos injustos -el procedimiento por el que una administración realiza el pago de un servicio ya ejecutado por un proveedor pero que no estaba en el contrato-.
Sin embargo, tras la petición de mayor crédito por parte del departamento de Oltra figura también una propuesta de incremento de plantillas en su departamento -se cifra en 500 plazas- que Hacienda no acepta.
