Blasco aporta un bajo de 600.000 euros, pero el Consell reclama el doble

Rafael Blasco, ayer, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / efe
Rafael Blasco, ayer, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / efe

El exconseller pone a disposición un local de una de las hijas de Císcar en un proceso donde 17 de los 24 acusados han llegado a un acuerdo

A. RALLO VALENCIA.

El tablero en el que se mueven las conformidades del caso Cooperación resulta complicado. La fiscalía confirmó ayer el tan anunciado pacto, conocido desde el pasado viernes, cuando se selló el acuerdo con Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y Marc Llinares. Los tres acusados reconocerían su responsabilidad en los hechos -el escrito, no obstante, recogerá que el exconseller no se enriqueció- y entregarán diferentes cantidades de dinero a cambio de que les rebajen la condena a tres años y medio de prisión. Salvo en el caso de Llinares, absuelto en la primera de las piezas, para los dos restantes este castigo apenas les supondrá algo más de un año de cárcel. Pero, tal y como admitió el fiscal, el acuerdo con los cabecillas no cuenta con la aprobación de las otras dos acusaciones: la Generalitat y las ONG´s. Creen que el dinero aportado es insuficiente.

Blasco comunicó ayer, durante la reanudación del juicio, que pone a disposición de la Generalitat un bajo comercial que, primero anunció que está valorado en 600.000 euros para luego precisar que una tasación, que incorporó a la causa, lo deja en casi la mitad. Se trata de un local en la calle Taquígrafo Martí, propiedad de una de las hijas de Consuelo Císcar. No es que lo vendan sino que darían poderes para que la Administración pudiera posteriormente deshacerse del inmueble. Con los problemas que esto puede generar de depreciación o dificultades para desprenderse del establecimiento.

Pero es que, además, las cuentas de la Generalitat no se saldan con ese bien. El Consell reclama 5,6 millones de euros a todos los acusados -la cifra se dispara a los 7,8 si se cuentan los intereses, aunque esto rara vez se logra en las sentencias-. La Generalitat considera que la terna de acusados debe satisfacer el 75 por ciento del total. Esto sitúa el dinero reclamado a Blasco en cerca de 1,2 millones de euros. El doble de lo que ofrece, en el mejor de los supuestos, el exconseller.

La Generalitat prefiere dinero a bienes, que siempre dan problemas y cuyo valor puede variar

Otras fuentes recuerdan que el ex síndic del PP también ofreció el chalé de la Barraca de Aigües Vives (Alzira) para hacer frente a la indemnización. Sin embargo, esta propiedad se encuentra bloqueada por el Tribunal de Cuentas para saldar la primera de las causas, la de la compra de pisos en Ausias March con el dinero destinado al Tercer Mundo. La Generalitat y las ONG´s no hacen en principio una cuenta global sino separada por procedimientos. Y si sobrara algo del primer caso -circunstancia poco probable- se podría tener en cuenta en este.

Idéntica situación ocurre con el empresario Tauroni. Cede sus dos apartamentos en Miami y el yate -ahora mismo nadie sabe con certeza dónde ni cómo está- y pretende saldar su responsabilidad, la de su hermano y la de su pareja. Pero estas propiedades, a nombre de una sociedad americana, se encuentran embargadas por la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El caso de Llinares es diferente porque no fue condenado en la primera de las piezas.

Al margen de la cuestión anterior, la más importante del procedimiento, la Fiscalía anunció ayer otros acuerdos -en total son 17 de 24 acusados- que sí cuentan con el visto bueno de las otras acusaciones. Las conformidades totales, entre todas las partes, se refieren a Luis Freire, Andrés Chust, Miguel Ángel Climent Estruch, Alberto Pampín y Rosa Castelo. En el segundo bloque de pactos (Fiscalía y Abogacía) se encuentran: Josep María Felip, Agustina Sanjuán -ambos personal de confianza del exconseller- Alfonso Navarro, Isabel Castillo, José Bollaín y Fernando Darder. La Abogacía de la Generalitat también anunció un acuerdo con Fernando Cañete, a quien la Fiscalía no acusa en este proceso.

El exconseller de Solidaridad, a su llegada al juzgado, pidió «respetar los tiempos de la Justicia», así como «lo que haga el tribunal». «Cuando acabe vamos a tener muchísimo tiempo para comentar todo lo que ha pasado alrededor del caso Cooperación», insistió.

Con independencia de la responsabilidad civil que tanto la Generalitat como las ONG´s 'pelearán' durante el juicio, se da el caso de al menos dos acusados que han rechazado un pacto con las acusaciones. Defenderán su inocencia durante el proceso. Se trata de la funcionaria de la Conselleria Dolores Escandell y del evaluador de los proyectos, Luis Castell. El abogado de este último, Mariano Lorente, indicó al tribunal que el examen de los proyectos carece de cualquier valor administrativo y que, además, la conducta de su representado ya ha sido examinada y archivada en la pieza primera.

El mismo argumento, el de cosa juzgada, alegó la defensa de Blasco. Sostiene que los hechos básicamente ya han sido enjuiciados en el procedimiento que se siguió en el TSJ. «Esto es lo mismo», subrayó. También plantea si la Audiencia puede determinar la responsabilidad civil cuando hay procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas.