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A. CERVELLERA
VALENCIA.
Viernes, 29 de septiembre 2017, 00:18
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La sesión de control al Consell que tuvo lugar ayer en Les Corts comenzó con una tensión algo más alta de lo habitual. Durante las primeras intervenciones de los representantes del grupo popular y en las réplicas del Ejecutivo valenciano fue subiendo el tono y las acusaciones cruzadas comenzaron a ser una constante. Una situación que terminó con el PP planteándose llevar los tribunales a Carmen Montón, consellera de Sanidad, y Gabriela Bravo, consellera de Justicia, por imputarles delitos tan graves como «quemar» informes de la empresa pública Ciegsa o de contratar «a dedo» con la trama Púnica.
Bravo realizó estas acusaciones después de que María José Ferrer San Segundo, diputada autonómica del PP, le recriminase la gestión de la conselleria en el incendio que paralizó durante dos semanas la Ciudad de la Justicia y la dificultad de acceder a los informes del mismo. Tras estas polémicas palabras, que generaron un gran revuelo en la cámara, la consellera afirmó que no pretendía «imputar a nadie» sino sólo hacer alusión al suceso que tuvo lugar en las dependencias de Ciegsa. En cierto modo, Bravo admitió que podía haber errado y se disculpó si desde la bancada popular se habían sentido identificados «por la terminología». Isabel Bonig, portavoz del PP en Les Corts, tomó el turno de palabra para responder a Bravo y le reclamó que no volviera a relacionarles con esos actos ya que la consellera no está «amparada» por el derecho parlamentario.
Las imputaciones de Montón hacia los populares se produjeron durante la respuesta de la consellera a las preguntas realizadas sobre el proceso de renovación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). José Juan Zaplana, diputado del PP en Les Corts, denunció la gestión de la responsable de Sanidad y Montón le respondió señalando que no iba a aceptar «lecciones de honestidad política» de alguien que «contrató con la Púnica a dedo y además está en el sumario de esta causa». Zaplana recordó a la consellera que no existe ninguna investigación abierta contra su persona, que no está ni investigado ni procesado y, tras calificar sus acusaciones de «mentira», indicó que Montón, al no ser diputada autonómica, no está aforada y protegida por lo que le recomendó tener «cuidado» con sus palabras. La tensión llegó hasta tal punto que Manolo Mata, síndic del PSPV, intervino pese a no tener el turno de palabra para denunciar lo que a su parecer era una «amenaza mafiosa» y recalcó que «no se puede amenazar a un miembro del gobierno valenciano».
Con el turno de los representantes del resto de partidos la situación en Les Corts se tranquilizó. Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos, preguntó a Ximo Puig, presidente de la Generalitat, por el grado de cumplimiento de sus «promesas», entre las que destacó la apuesta por cambio de modelo de financiación, y le pidió más gestión ante la falta de ejecución de algunas partidas de los presupuestos. Un punto que el jefe del Consell respondió incidiendo en que la ejecución presupuestaria se ve a fecha 31 de diciembre, y que el año pasado se situó en el 93 %. Además, Puig insistió en que Ciudadanos tiene «cierta posibilidad» de poder solucionar el «gran problema» de la Comunitat.
Antonio Estañ, secretario general de Podemos, pidió al presidente que cumpla sus «compromisos» con el pacto de gobierno y le pidió explicaciones sobre el plan para construir y reformar más de 400 colegios. Puig, que agradeció la voluntad de «diálogo» de los podemistas, prometió que «ningún ayuntamiento valenciano» se quedará fuera del plan educativo por «razones económicas».
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